Hace exactamente 30 años, por la mañana del 8 de abril de 1986, los militares salvadoreños hicieron una redada en la comunidad de Arcatao, Chalatenango. Por horas detuvieron a los residentes a punta de fusil en la iglesia, torturaron a muchos y eventualmente mataron o hicieron desaparecer a entre cuatro y siete hombres. Este suceso, conocido por los residentes como «El Desembarco», junto con la destrucción de sus hogares y propiedades, sirvió de aterrador recordatorio de la vulnerabilidad de la comunidad durante un período en que el gobierno afirmaba que los abusos a gran escala habían disminuido. En 2014, el 8 de abril fue declarado al nivel municipal como Día de conmemoración de las víctimas del desembarco.
Desde 2013, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) ha colaborado con el Comité de Memoria Histórica de Sobrevivientes de Arcatao y con Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» para apoyar la conservación de la memoria histórica en esta comunidad. Como parte de este proyecto, solicitamos al gobierno de los EE.UU. la desclasificación de documentos que podrían dar información sobre los hechos del 8 de abril de 1986. Hoy publicamos 19 documentos que el Departamento de Estado de los EE.UU. nos facilitó como respuesta a nuestra solicitud. A la par de los testimonios de sobrevivientes —muchos de los cuales se encuentran en el Archivo de testimonios de Oraciones Incompletas, una colección de historias orales creada con nuestros colegas y publicada en Internet— estos documentos nos permiten reconstruir los sucesos del 8 de abril de 1986 y las consecuentes discusiones secretas entre oficiales del gobierno estadounidense. La evidencia revela, entre otras cosas, que:
- Los oficiales estadounidenses trataron apresuradamente de responder a una activa red de diversas organizaciones de la sociedad civil que se movilizó eficazmente para revelar los abusos cometidos en Arcatao.
- Ansiosos por responder de una forma que no pusiera en peligro la asistencia militar para el régimen salvadoreño, los oficiales estadounidenses tergiversaron los hechos relativos a la detención de periodistas extranjeros durante el operativo militar —incluso en su testimonio jurado ante el Congreso de los Estados Unidos.
- Es urgente investigar minuciosamente los abusos cometidos por ambos lados del conflicto en Arcatao y hacer justicia.
Nos complace compartir estos documentos con el público; esperamos que contribuyan al proceso de verdad y justicia in El Salvador.
El contexto
El 8 de abril de 1985 Arcatao amaneció con el ruido de bombas y helicópteros de las fuerzas armadas llegando al pueblo. Los paracaidistas bajaron de aviones y helicópteros y pronto hicieron una redada y obligaron a todos los residentes a congregarse en la plaza del pueblo. Separaron a hombres, mujeres y niños y los retuvieron en distintas áreas de la iglesia y edificios aledaños. Al parecer interrogaron y torturaron a muchos hombres mientras las mujeres detenidas en la iglesia oían angustiadas los gritos de sus familiares. Para averiguar quién apoyaba a la guerrilla, los soldados les ofrecían dulces a los niños. Los militares de este operativo eventualmente se llevaron a cuatro a siete hombres (el número varía según el informe); a la mayoría los mataron en las afueras del pueblo. Algunos sobrevivientes informan que en los cadáveres de estos hombres se encontraron signos de tortura brutal.
Este día de terror ocurrió al final de un operativo de un mes de duración, llamado «Teniente Ricardo Chávez Carreño,» que comenzó el 7 de marzo en el departamento de Chalatenango. Para estas alturas de la guerra los militares salvadoreños habían prácticamente abandonado el uso de invasiones terrestres masivas porque no eran eficaces para capturar guerrilleros y causaban un número masivo de muertes de civiles (como las descritas en La Quesera de Usulután, Santa Cruz de Cabañas, el río Lempa, y otros sitios). Con el refuerzo de aviones y helicópteros de los Estados Unidos, y con el apoyo de fuerzas estadounidenses estacionadas en Honduras que hacían vuelos diarios sobre el territorio salvadoreño para recopilar datos de inteligencia, el Ejército mejoró su capacidad de hacer blanco sobre bastiones de la guerrilla.
Según el periódico Los Angeles Times, la operación Chávez Carreño, al igual que la Operación Fénix que la precedió en Guazapa, tenía como meta eliminar civiles del área donde se sabía que había apoyo para la guerrilla. Los sobrevivientes describen que tuvieron que huir bajo ataque aéreo y ocultarse en el monte mientras sus hogares eran destruidos. «Guindas» es el término que usan los salvadoreños para referirse a la huida de sus hogares para esconderse en cuevas, albergues improvisados contra bombardeos aéreos, y bajo árboles u otros escondites naturales durante operativos militares. En Arcatao las guindas eran algo que muchos conocían bien, ya que sus comunidades habían sufrido olas de hostigamiento y violencia por parte de las fuerzas armadas y sus adláteres paramilitares desde la década de 1970. A principios de 1980 los ataques se volvieron tan intensos, que para 1982 la mayoría de los residentes de Arcatao se habían ido del área, principalmente a campamentos de refugiados en Honduras. Sin embargo, en un intento de mejorar la reputación del gobierno salvadoreño con respecto a los derechos humanos, en 1984 el Presidente Duarte ordenó nuevas reglas para el combate militar con civiles no combatientes. Aunque todavía estaban recelosos de los peligros remanentes, en 1985-86 algunos de los antiguos residentes de Arcatao habían vuelto a la comunidad para volver a poblarla.
En este contexto, el operativo de un día de duración del 8 de abril fue interpretado por muchos como un recordatorio deliberado sobre la capacidad del gobierno de infligir violencia mortal a voluntad, aun cuando pretendía respetar los derechos humanos. Si bien el número de muertos fue menor que en las famosas masacres de comienzos de los ochenta, la destrucción intencional de hogares, cultivos y ganado recordó las peores épocas de tierra arrasada, y el terror psicológico de las detenciones en masa pareció un recordatorio de que la matanza indiscriminada de campesinos podía reiniciarse en cualquier momento. De hecho, muchos sobrevivientes reportaron que los soldados les dijeron que los habían reunido ahí para eliminarlos en masa.
«¡Y que te valga que no te matamos! —me dijeron— porque cabalmente ya nos vino la orden de no matarte.»
– Virgina, vecina de Arcatao
Los sobrevivientes explican que los militares detuvieron a los miembros de la comunidad en la iglesia desde la madrugada hasta aproximadamente las 4 de la tarde, mientras aparentemente esperaban órdenes. Muchos recuerdan que estaban seguros de que en cualquier momento los soldados abrirían fuego sobre la multitud. De hecho, los soldados al parecer mencionaron esta posibilidad, y hasta invocaron la famosa masacre de El Mozote, en la que los militares reunieron a los pobladores en la iglesia para matarlos ahí. Muchos creen que fue la intervención de extranjeros —tres periodistas extranjeros detenidos esa mañana en el operativo, o bien los residentes de la nueva ciudad hermana oficial, Madison, Wisconsin — quienes evitaron lo que de otra forma hubiera sido la eliminación de la comunidad.
Los periodistas detenidos en el operativo eran Tod Robberson, en ese momento jefe de oficina de Reuters; Juana Anderson, fotógrafa de Reuters; y Catherine Matheson, de la BBC. En una entrevista en febrero de 2016, Tod Robberson explicó que el 6 de abril los tres habían llegado a pie a Arcatao, aprovechando de un día nacional de vacunación para entrar al pueblo, usualmente cerrado por bloqueos militares. Sus intenciones eran de entrevistar a civiles viviendo en zonas controladas por la guerrilla sobre cómo la vida de la gente estaba afectada por la lucha por el control de Chalatenango. Cuenta Robberson que en la mañana del 8 de abril se estaba lavando los dientes fuera de una casa deshabitada donde habían pasado la noche, cuando comenzó la invasión. Los periodistas fueron llevados a otra casa deshabitada al otro lado del poblado, donde los dejó solos mientras el combate intensificó, con balazos impactando en las paredes de lodo de la casa, y mientras caían bombas y grenadas de humo.
Un soldado botó la puerta de la casa y los llevaron a la plaza, donde los soldados estaban reuniendo a los civiles a punta de pistola. Los periodistas fueron retenidos aparte de los pobladores, y luego fueron subidos a un helicóptero que los llevó a la ciudad de Chalatenango. Allí oficiales militares los reprendieron por estar en compañía de «guerrilleros», les confiscaron sus rollos de película fotográfica y sus apuntes, y los detuvieron por horas antes de trasladarlos a San Salvador. Aunque pidieron sus rollos y notas, no se los devolvieron; de hecho, Robberson recuerda que una de las fotos fue publicada sin permiso más adelante en La Prensa Gráfica. A Robberson le sigue inquietando hasta el día de hoy que la información en sus apuntes pudo ser usada para identificar a la siguiente ronda de víctimas.
Virginia, una sobreviviente, explica la devastación que sintió después del operativo:
«Yo vine a la casa cuando ya dijeron que ya cesaba, vine a la casa, vine a hallar un desorden, que a mí no me habían dejado pero ni una cobija, me las habían hecho pedacitos. La piedra de moler me la pedaciaron, dos molinos de esos de moler cómo habían hecho, habían hecho chingastillo; pero que allí no había una cosa para nosotros, hacer comida para los niños, pero nada. Lo habían dejado barrido. Todito, todito habían botado, los peroles que les habían hallado ellos los habían hecho apachaditos, a pura piedra. Pero que fue un desembarco tan te… que yo no deseo ya ni acordarme de ese desembarco. Pues yo que pasó, vine a ver ¡ay! y me voy desconsolando, mejor me senté afuera, en una piedra. Qué puedo hacer aquí yo ya, dije yo para mis hijos, si yo no tengo qué darles de comer, si todo me destruyeron. El maíz que teníamos lo regaron en un charco, todito lo fueron a regar. Sólo porque allí estaba el mentado mando hicieron eso, ¡y que te valga que no te matamos —me dijeron— porque cabalmente ya nos vino la orden de no matarte. Pero vos sos la dueña de esta casa, aquí vivís, me dijeron.»
Otra sobreviviente, Marta, describió el persistente dolor causado por la muerte de su compañero de vida, Osmín López:
Ver más testimonios del Desembarco en el Archivo de Testimonios de Oraciones Incompletas
«Yo estaba embarazada cuando pasó eso del Desembarco, y… o sea que… él no disfrutó, verdad, se puede decir de lo que más deseaba él, de mi hija. Estuve el tiempo del embarazo con él, hasta ocho meses, de ahí para allá, ya no… fue cuando vino El Desembarco, y pues, lo sacaron a él, nos sacaron a todos de la casa, y nos llevaron para la iglesia, ahí nos encerraron y nos torturaban, a ellos también los sacaron de ahí, los torturaron, y yo quería salir pero no podía, no me dejaban salir los soldados, me empujaban con los fusiles para adentro, este, y yo trataba de ser obediente por el embarazo, verdad, porque decía yo: me pegan un mal golpe me van hacer abortar decía yo, verdad, entonces yo trataba de no exigir, de salir afuera a ver qué habían hecho con mi marido, porque tenía miedo que me fueran a golpear el embarazo, entonces, por eso fue que yo no vi cuando se lo llevaron a él, y sino, yo me hubiera ido detrás, que tal vez me hubieran, yo pienso que me hubieran matado, verdad, porque a ellos les valía matar gente, ellos mataban gente con niños, ellos mataban embarazadas, ellos mataban a quien sea, entonces yo pienso que por eso no vi yo, verdad, pero este… lo llevaron a él, lo mataron. Esa es la tragedia de mi vida y hasta ahora yo, este… a mí no se me olvida eso verdad, que tengo esa hija, que Dios me la regaló, Dios me regaló a mi hija, que es fruto de alguien que yo amé y lo sigo amando… tengo a mi hija que para mí, yo tengo más hijos pero, pero… es mi brazo derecho ella, verdad, mi vida… y pienso de que… eso no se me olvida nunca a mí, el trayecto de la guerra. ¡Eso jamás se me va olvidar!»
Hacia la asignación de responsabilidad
Según Americas Watch[1], los periodistas fueron detenidos por el Batallón de Libertadores de la Policía de Hacienda; Robberson recuerda sus botas características. Los documentos indican que el operativo mismo fue realizado por unidades especiales del batallón aéreo y Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL), y confirman que el comandante departamental en ese momento era el coronel Jesús Cáceres. Algunos sobrevivientes dicen que el coronel Cáceres estaba presente en la escena.
Además, los documentos revelan que representantes del grupo militar estadounidense MILGP estaban presentes durante la orientación previa al despliegue de tropas, y dan datos sobre el informe posterior al operativo. Este nivel de estrecha cooperación entre oficiales estadounidenses y salvadoreños pone en relieve inquietudes de larga data sobre la responsabilidad de los oficiales norteamericanos por las atrocidades cometidas por sus protegidos salvadoreños.
Qué revelan los documentos
Los 19 documentos desclasificados para UWCHR muestran la respuesta de oficiales estadounidenses a un grupo creciente de partes interesadas que contaba con una impresionante diversidad y capacidad para actuar rápidamente. Por ejemplo, en una semana el Secretario de Estado George Shultz le solicitó al Embajador de los Estados Unidos Edwin Corr ayuda para responder a muchas indagaciones telefónicas recibidas y a lo que se esperaba sería un «aluvión» de comunicaciones escritas acerca de los sucesos del 8 de abril en Arcatao. En cuestión de semanas, nueve miembros de Congreso de los EE.UU. escribieron cartas para expresar su preocupación por la detención de los periodistas. La organización de solidaridad basado en los EE.UU., CISPES, lanzó un llamado para cesar la violencia contra civiles en Arcatao. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science) expresó al Departamento de Estado su preocupación por contravención de los estándares de los Convenios de Ginebra en las acciones militares contra centros médicos. Y Americas Watch denunció el operativo en un testimonio ante el Congreso de los EE.UU. el 14 de mayo de 1986.
«Las fuerzas salvadoreñas se han esforzado en evitar hacer daño a no combatientes»
– Departamento de Estado de los EE.UU.
Sin embargo, algunas respuestas de los oficiales estadounidenses no han sido completamente verídicas. Específicamente, en sus cartas a los miembros del Congreso los oficiales del Departamento de Estado aseguraron que «las fuerzas salvadoreñas se han esforzado en evitar hacer daño a no combatientes» (C05625213, ver traducción, más las nueve cartas a los miembros del Congreso) y que «las tropas terrestres y el apoyo aéreo tomaron grandes precauciones para evitar lesionar a civiles» (C05625215, ver traducción). Es posible que algunos o incluso todos los muertos hayan estado afiliados a la guerrilla —es imposible saberlo con la información disponible— pero la práctica de tortura, amenazas, destrucción de hogares y propiedad y otras tácticas de terror fueron utilizadas indiscriminadamente en la comunidad, según se informa. Y aunque los muertos fueran guerrilleros, a decir de todos no parecen haber sido matados en combate. Por lo tanto, estas ejecuciones contravienen los estándares que regulan el derecho internacional humanitario establecido en los Convenios de Ginebra.
Además, en respuesta a inquietudes sobre la detención de los tres periodistas extranjeros expresadas por Americas Watch y otras partes, el Departamento de Estado insistió que fueron detenidos en compañía de guerrilleros armados —algo que Robberson niega—, y que les devolvieron sus fotografías, grabaciones y apuntes —lo que Robberson también califica de falso—. En su testimonio jurado ante el Congreso de los EE.UU. cuando era Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliott Abrams declaró que los periodistas «mintieron intencionalmente y se fueron con los guerrilleros», lo que le quita validez a las preocupaciones sobre la libertad de prensa basadas el tratamiento de los periodistas[2]. Más sin embargo, Roberson dice que, «no nos mentimos, porque nadie nos preguntó donde íbamos. …Por que fue el día de vacunación, el ejército había levantado sus puestos de control, permitiendo a la gente ir y venir libremente. Yo insistía durante todas nuestras preparaciones para el viaje que nunca mentiríamos, ni tampoco tergiversar nuestras intenciones.»
Sobre todo, sin embargo, los documentos, entrevistas y testimonios ante el Congreso dan información importante sobre los abusos que ocurrieron en Arcatao, pero están incompletos. Los documentos revelan un cuadro complejo. Defensores de derechos humanos informan que ambos lados —la guerrilla y el ejército— cometieron atrocidades contra civiles en Arcatao (C05625219, ver traducción, 5625223, ver traducción). Pero el acceso a la información permanece restringido, y las narrativas de los sobrevivientes ofrecen versiones vívidas, pero no uniformes, de lo que sucedió. La investigación más completa de esos sucesos es probablemente el informe recopilado por la organización salvadoreña de derechos humanos Tutela Legal, a la que se hace referencia en C05625219, (ver traducción), pero esos documentos no están disponibles desde que la Arquidiócesis cerró espontáneamente esa organización en 2014.
«Esa es la tragedia de mi vida y …a mí no se me olvida»
– Marta, vecina de Arcatao
En 2013 la Fiscalía General de la República de El Salvador recibió dos demandas criminales relativas a las ejecuciones en Arcatao el 8 de abril de 1986, pero las investigaciones no avanzan. Tal como dice Marta sobre el asesinato de su pareja —»Esa es la tragedia de mi vida y … a mí no se me olvida»— los sobrevivientes siguen cargando el trauma, que se hace más doloroso por la denegación oficial de su derecho a la verdad y la justicia.
RESÚMENES DE LOS DOCUMENTOS
Documento no. C05625213 (ver traducción)
Fecha: 14 de abril de 1986
Sujeto: “Respuesta sobre Arcatao”
Cable del Secretario de Estado George Shultz en Washington DC al Embajador de EE.UU. Edwin Corr en San Salvador
El Departamento de Estado informa que está recibiendo indagaciones por teléfono sobre lo que ocurrió en Arcatao el 8 de abril; además, se espera pronto un «aluvión» de indagaciones por escrito; el cable pide asistencia de la embajada para escribir una respuesta, y pide comentarios sobre un texto propuesto. La respuesta propuesta por Shultz recalca que «las fuerzas salvadoreñas se han esforzado en evitar hacer daño a no combatientes». Observa además que «las acusaciones de ataques a no combatientes por militares salvadoreños siguen un patrón de desinformación establecido hace tiempo… los insurgentes les dan información incorrecta a ciudadanos estadounidenses con buenas intenciones para tratar de impedir los operativos militares salvadoreños. …Las acusaciones de bombardeos indiscriminados son un elemento constante de esta campaña (y por consiguiente algo que hemos examinado minuciosamente). Aunque no podemos negar que a veces se cometen errores, es claro el compromiso de las fuerzas militares salvadoreñas de llevar a cabo la guerra con un mínimo de daño a civiles no combatientes.»
Documento no. C05625214 (ver traducción)
Fecha: 15 de abril de 1986
Sujeto: “Respuesta sobre Arcatao: Enmiendas”
Respuesta del Embajador Corr al cable anterior, incluyendo correcciones menores del texto propuesto por Shultz.
Documento no. C05625215 (ver traducción)
Fecha: 24 de abril de 1986
Sujeto: “Correspondencia de congresistas sobre Arcatao”
Cable Embajador de EE.UU. en San Salvador al Departamento de Estado en Washington DC
Incluye una carta del Embajador Corr al miembro del Congreso Mike Lowry (D-WA) en respuesta a su indagación sobre el operativo militar en Arcatao el 8 de abril. Corr informa que «no hubo informes fiables de bajas civiles… las tropas terrestres y el apoyo aéreo tuvieron extremo cuidado para evitar lesionar a civiles»; asegura además que no se bombardeó la aldea. También confirma, de paso, que el comandante departamental en ese memento era el coronel Jesús Cáceres.
Documento no. C05625216 (ver traducción)
Fecha: 28 de abril de 1986
Sujeto: “Desinformación sobre refugiados salvadoreños”
Cable de la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, Honduras, al Departamento de Estado en Washington DC
La prensa hondureña está publicando versiones aparentemente exageradas del operativo militar, denunciando violencia contra refugiados repatriados, incluyendo la violación de mujeres y niños.
Documento no. C05625217 (ver traducción)
Fecha: 6 de mayo de 1986
Sujeto: “Incidente en Arcatao: Solicitud de información”
Cable del Departamento de Estado en Washington DC a la Embajada de EE.UU. en San Salvador
Solicita aclaración sobre la adhesión a los principios de los Convenios de Ginebra en cuanto a neutralidad del cuadro médico, después de recibir indagaciones de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia sobre la posible detención de monjas y el ataque de centros médicos durante los operativos de marzo y abril en Arcatao.
Documento no. C05625218 (ver traducción)
Fecha: 10 de mayo de 1986
Sujeto: “Cartas relacionadas con testimonio sobre Arcatao”
Cable del Departamento de Estado en Washington DC, al Embajador estadounidense Edwin Corr en San Salvador
El Departamento de Estado incluye el texto de tres cartas de miembros del Congreso de los EE.UU. sobre las condiciones en El Salvador, y pide aclaraciones antes del testimonio previsto del Secretario asistente de Estado ante el subcomité del Congreso la semana siguiente: «Si recibimos la respuesta de la embajada antes, podremos armar a nuestros amigos en el subcomité e inclinar el asunto a nuestro favor».
Las cartas de los Representantes Barnes, Studds, Weiss, Fazio, Aucoin, Dymally, Mackay, Conyers, Moody, Boxer y Lowry expresan su inquietud sobre la confiscación de materiales de Americas Watch por parte del gobierno salvadoreños, los recientes ataques en Tenancingo a refugiados repatriados, y la detención de tres periodistas extranjeros en Arcatao. Con respecto a los periodistas, las cartas de los congresistas le piden a la Embajada que solicite la devolución de los materiales como medida para proteger la neutralidad de la prensa.
Documento no. C05625219 (ver traducción)
Fecha: 12 de mayo de 1986
Sujeto: “Atención: Siete asesinados por la Fuerza Aérea de El Salvador en Arcatao, según Tutela Legal”
Cable de la Embajada de EE.UU. en San Salvador al Departamento de Estado en Washington DC, titulado «Atención: Siete asesinados por la Fuerza Aérea de El Salvador en Arcatao, según Tutela Legal»
El cable explica que la conocida defensora de derechos humanos, y directora de Tutela Legal, la salvadoreña María Julia Hernández, se reunió recientemente con un oficial político de la Embajada y le informó que Tutela Legal ha investigado los incidentes del 8 de abril en Arcatao y está escribiendo el informe final. Entre los hallazgos se encuentran versiones generalizadas de golpizas y tortura, la ejecución de seis hombres y la desaparición de otro. El cable incluye un resumen detallado de la versión de Tutela de los hechos, y observa que Monseñor Rivas y Damas, en otra reunión con el oficial político el 6 de mayo, dijo que estaba al tanto del análisis de Tutela. El cable confirma que el operativo fue realizado por las tropas élite del Batallón Aerotransportado y las Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL), e indica que oficiales del grupo militar estadounidense MILG presentes antes del despliegue declaran que se dieron instrucciones de «evitar bajas de civiles». También señala que Hernández informó que guerrilleros dieron muerte a civiles en días previos a la invasión. Si bien esto pone en duda la credibilidad del análisis de Tutela —debido a que la guerrilla controlaba la región «la probabilidad de interpretación incorrecta y de falso testimonio es obvia»— el cable también observa que Hernández insistió en que los hallazgos eran acertados y serían denunciados. El documento concluye que «el Departamento y el servicio de correo puede esperar una multitud de averiguaciones condenatorias».
Documento no. C05625221 (ver traducción)
Fecha: 13 de mayo de 1986
Sujeto: “Testimonio relacionado con quejas sobre El Salvador”
Cable de la Embajada de EE.UU. en San Salvador al Departamento de Estado
Este cable contiene información para el testimonio ante el congreso del Secretario de Estado Adjunto Elliott Abrams, solicitada en C05625218. Contiene detalles sobre los documentos de Americas Watch, la tensión en Tenancingo, y en la penúltima página se refiere a la detención de periodistas en Arcatao, y afirma que fueron «aprehendidos en compañía de guerrilleros armados» y que se les devolvieron sus apuntes y otros materiales. (Iguales afirmaciones hizo el Secretario de Estado Adjunto Abrams en su testimonio del 14 de mayo de 1986.)
Documento no. C05625222 (ver traducción)
Fecha: 14 de mayo de 1986
Sujeto: “Segumiento a alegaciones sobre Arcatao”
Del Secretario de Estado George Shultz a la Embajada en San Salvador
Este documento exige darle seguimiento a la acusación de Tutela Legal aludida en C05625219. «Si bien tenemos dudas sobre los cargos, algunos elementos de la historia… le dan cierta credibilidad. En todo caso, la acusación de una masacre —la primera en mucho tiempo— amerita una investigación completa. Diríjase a los miembros de la unidad en cuestión y a otras persona que puedan dar información sobre estas acusaciones, e infórmenos cuanto antes».
El hecho de que el Secretario de Estado hizo una solicitud personal de seguimiento de una investigación, pero no se otorgó esa investigación para satisfacer nuestra solicitud de documentos, sugiere que o bien la orden del Secretario de Estado Shultz no se cumplió, o la tarea de desclasificación está incompleta. UWCHR seguirá procurando obtener todos los documentos restantes que puedan dar información sobre este caso.
Documento no. C05625223 (ver traducción)
Fecha: 6 de junio de 1986
Sujeto: “Rector Jesuita de la Universidad Centroamericana se reune con Secretario Asistente Schifter”
Cable del Secretario de Estado George Shultz a la Embajada en San Salvador
Reporta una reunión del 22 de mayo con Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana; en esta reunión Ellacuría señaló que las fuerzas armadas eran «obviamente culpables de matar a civiles de forma extremadamente cruel en Arcatao», pero que el FMLN también había ejecutado a civiles allí.
Documento no. C05625224, C05625227, C05625228, C05625231, C05625232, C05625233, C05625234, C05625235, C05625236 (ver traducción)
Fechas: 9 de junio de 1986 (una carta) y 14 de junio de 1986 (todas las cartas restantes)
Sujeto: “Indagaciones de Congresistas: Periodistas detenidos en Arcatao”
Nueve cartas de la Embajada de EE.UU. en San Salvador a miembros del Congreso de los Estados Unidos
El texto de las cartas es idéntico. Se refiere a la inquietud sobre la detención de periodistas el 8 de abril en Arcatao. Insiste en que los periodistas «fueron hallados en compañía de guerrilleros armados» y que se les devolvieron su apuntes y materiales; rechaza la sugerencia de que la Embajada intervenga porque «considerando que los periodistas transgredieron conscientemente las reglas que rigen su trabajo en áreas de conflicto, la Embajada no cree estar en terreno sólido si pide la devolución de los rollos de película y copias de los apuntes».
NOTAS
[1] Americas Watch, «Settling into Routine: Human Rights Abuses in Duarte’s Second Year», 1986, p. 124
[2] Testimonio ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Extranjeros, Cámara de Representantes, 97º Congreso, segunda sesión titulada «La guerra aérea y sucesos políticos en El Salvador» 14 de mayo de 1986. Estados Unidos. Washington: U.S. G.P.O., 1986. http://hdl.handle.net/2027/pst.000011973126