Análisis historico de documentación relevante al caso de asesinatos de los periodistas holandeses en 1982
El 3 de julio de 2025, un tribunal en una zona rural de El Salvador leyó el texto de su histórico veredicto, que por primera vez responsabilizaba a ex-oficiales del Alto Mando de la Fuerz Armada por la violencia contra civiles que caracterizó el largo y sangriento conflicto armado del país.[1] El caso era el de los asesinatos en marzo de 1982 de los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, junto con otras cuatro personas presuntamente guerrilleros salvadoreños, cuyas identidades se desconocen. El tribunal determinó que las víctimas murieron en una emboscada planeada por el coronel Mario Adalberto Reyes Mena con el conocimiento de otros líderes militares, y condenó al Ministro de Defensa (retirado), coronel José Guillermo García, al coronel (retirado) Francisco Morán y al coronel (retirado) Mario Adalberto Reyes Mena, a 15 años de prisión. Además, el tribunal ordenó al presidente Nayib Bukele, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que se disculpara públicamente a las familias de las víctimas por el papel del Estado en haber tardado décadas en llevar el caso ante la justicia.
Este veredicto sin precedentes se produce en medio de nuevas y urgentes preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en El Salvador, incluyendo actos generalizados de represión contra defensores de derechos humanos, periodistas entre ellos. Varios líderes de la sociedad civil han sido arrestados en los últimos meses y se encuentran actualmente como presos de conciencia recluidos en el infame sistema penitenciario salvadoreño, el mismo sistema al que el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de hombres, en su mayoría venezolanos, en marzo de 2025.
La violación de derechos en El Salvador, entonces y ahora, también está inextricablemente ligada al papel de los Estados Unidos. Durante la guerra, el gobierno estadounidense sirvió como fuente principal de financiamiento, entrenamiento y apoyo para el ejército salvadoreño, que cometió estos crímenes en el contexto de su guerra contrainsurgente contra la guerrilla del FMLN. El exministro de Defensa Guillermo García, de hecho, basó la afirmación de su inocencia en el caso de los periodistas holandeses en gran medida en el apoyo inequívoco que afirma haber recibido de los Estados Unidos. Sin embargo, el análisis presentado por la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés), Angelina Godoy, de los documentos estadounidenses sobre los asesinatos, y sobre las comunicaciones de García con funcionarios estadounidenses a lo largo del conflicto, pinta un panorama dramáticamente diferente de lo que García afirma: muestran que en privado, García fue reprendido repetidamente por funcionarios estadounidenses por atrocidades cometidas por tropas bajo su mando, e inclusive admitió – en privado – la veracidad de algunos de estos crímenes cometidos bajo su mando. Sin embargo, no hay ninguna evidencia entre los documentos que García haya tomado medidas efectivas para investigar los crímenes ocurridos ni prevenir que se repitieran.
Este análisis de la Dra. Godoy fue parte de la evidencia presentada al tribunal para condenar a García bajo la doctrina de responsabilidad de mando.
Por esta razón, UWCHR se enorgullece de compartir los siguientes extractos del testimonio de la Dra. Godoy, que se basa en los 15 años de trabajo de nuestro Centro con documentos históricos relacionados con el conflicto en El Salvador. Los documentos referidos en el texto pueden encontrarse en el Anexo al informe, junto con traducciones al español.
Extractos del testimonio de la Dra. Godoy en el caso de los periodistas holandeses, presentado el 16 de diciembre de 2024 ante la Fiscalía General de la Nación salvadoreña:
La documentación estadounidense sobre la guerra en El Salvador
Dada la relación estrecha mantenida entre los gobiernos de EEUU y El Salvador durante el conflicto, existen miles de documentos con información relevante al conflicto salvadoreño en posesión del gobierno de los EEUU; la mayoría sigue siendo clasificada, o secreta. A lo largo de los años, han habido varios esfuerzos por desclasificar estos documentos: dos iniciados por el gobierno federal estadounidense, en 1993 y 1994, y luego una serie de acciones de parte de particulares amparándose en la ley de acceso a la información, conocido como FOIA por sus siglas en inglés (Freedom of Information Act).
De parte del estado, el presidente Bill Clinton emitió un decreto en 1993 que dio lugar a la desclasificación de 12,000 documentos relevantes a los casos investigados por la Comisión de la Verdad en El Salvador. Luego, en 1994, un grupo de Congresistas del partido Republicano solicitó la desclasificación de una segunda colección de documentos, esta vez más pequeña, relevantes a los abusos cometidos por el FMLN durante la guerra. Estos documentos se conservan físicamente en la Biblioteca del Congreso en Washington DC y en los Archivos Nacionales en las afueras de la capital estadounidense. Algunos (no todos) de ellos han sido también digitalizados y están disponibles a través de ciertas bibliotecas que puedan costear suscripciones a la empresa que los digitalizó.
Además, a lo largo de los años varios investigadores particulares han planteado solicitudes más puntuales de información bajo la ley FOIA, que en algunos casos han dado lugar a la desclasificación de otros documentos. En el caso de estos documentos, aunque el documento se vuelve legalmente “público”, la copia (ya sea en físico o por vía digital) se entrega a la persona que la solicitó.
En el caso de nuestras investigaciones, desde 2011, nuestro equipo de investigación académica ha planteado más de 790 solicitudes de información sobre temas relevantes a los derechos humanos durante el conflicto en El Salvador, ante seis principales agencias[2] del gobierno federal estadounidense (Department of State, DOS; Central Intelligence Agency, CIA; Defense Intelligence Agency, DIA; Federal Bureau of Investigation, FBI; Department of Defense, DOD; National Security Agency, NSA) y algunas dependencias subalternas de éstas. Con estas solicitudes hemos logrado la desclasificación de miles de páginas de documentos relevantes a casos de derechos humanos en El Salvador.
También hemos entablado cuatro demandas en contra del gobierno federal por no cumplir con los requisitos de la ley FOIA en casos relevantes al conflicto armado en El Salvador. Estas demandas ante las cortes federales han sido:
- University of Washington v. Central Intelligence Agency (CIA), 2:15-cv-01577 JLR, del 2015, por acceso a información sobre el Coronel Sigifredo Ochoa Pérez
- University of Washington v. Department of Defense (DOD), y su subagencia DIA, 2:17-cv-01854 MJP, del 2017, por acceso a información sobre tres operativos militares en los años 80
- University of Washington v. Central Intelligence Agency (CIA), 2:19-cv-00061 RAJ, del 2019, por acceso a documentos relevantes a abusos cometidos por la Policía Nacional y la Fuerza Armada
- University of Washington v. Department of Defense (DOD), y su subagencia DIA, 2:23-cv-01107-RAJ, de 2023 por acceso al archivo del Central American Joint Intelligence Team/Equipo Conjunto de Inteligencia sobre Centroamérica (CAJIT)
En todos los casos judiciales hemos sido exitosos en conseguir la liberación de documentos secretos del estado relevantes al conflicto armado en El Salvador. (El último caso aún sigue ante la corte federal, pero como parte de la negociación entre las partes desde mayo del 2024, estamos recibiendo una nueva tanda de documentos cada mes, provenientes del antes secreto archivo del Equipo Conjunto de Inteligencia sobre Centroamérica).
De haber recibido los documentos en físico, conservamos los documentos en nuestra oficina; en caso de haberlos recibido por vía digital, conservamos estas copias también, con toda la correspondencia que los certifica como auténticos. Es decir, bajo la normativa estadounidense, lo que demuestra la autenticidad de estos documentos es la “cadena de custodia” o correspondencia con el Estado, que da constancia de cómo fue recibida y tramitada nuestra solicitud por su desclasificación; no hay una entidad gubernamental que se encarga de “certificarlos” como auténticos, ni se les coloca sellos o estampas.
Una vez desclasificadas, los documentos pasan a ser legalmente considerados públicos, y no hay restricciones legales en cuanto a su uso, por lo que a veces se encuentran copias subidos al internet por diversos motivos. También en los últimos años, algunas de las agencias gubernamentales han empezado a publicar parte de su documentación desclasificada en sus sitios de internet.
Como resultado de los esfuerzos arriba mencionados, contamos actualmente con el repositorio más grande de documentación gubernamental estadounidense sobre el conflicto en El Salvador. Nuestra colección incluye documentos de distinta naturaleza: boletines de inteligencia diarios; informes analíticos preparados a base de meses o años de información recopilada por inteligencia militar o de las fuerzas de seguridad; cables o telegramas entre distintas partes del gobierno estadounidense.
Estos documentos ofrecen una perspectiva muy importante por ser contemporáneos a los abusos en cuestión (no un relato contado mucho después), y en muchos casos por ser secreto en el momento de su elaboración (es decir, la mayoría no fueron elaborados para fines públicos, y por lo tanto cuentan detalles que no se revelaron públicamente en esa época). En varios casos, esto permite observar una diferencia entre lo dicho públicamente por las autoridades – tanto salvadoreñas como norteamericanas – y lo manejado a nivel interno en el momento de los hechos.
La lectura de estos documentos es una tarea compleja, porque recogen información de múltiples fuentes, escrita en múltiples momentos, y para distintas finalidades; a veces, tienen contradicciones entre sí. Por lo tanto, es importante no buscar sacar conclusiones de la lectura de un solo documento sin entender el conjunto de estas comunicaciones. Pero los documentos sí pueden ofrecer algo único e importante cuando se leen en su totalidad – es decir, cuando se analiza toda la colección de documentos, no a unas cuantas hojas sueltas, sino el corpus de toda la correspondencia diplomática, militar, de inteligencia, e investigativa sobre los hechos en cuestión.
Lo que revelan los documentos sobre los asesinatos de los periodistas holandeses
He identificado 69 documentos que considero relevante a este caso.
Aparte de compartirle los documentos en sí, ofrezco aquí un análisis experto aquí de lo que se revela cuando se leen estos documentos en el contexto de la totalidad de documentos desclasificados sobre el conflicto en El Salvador. He dividido este análisis en tres capítulos: los hechos del 17 marzo 1982; el contexto de los hechos; y las responsabilidades individuales de los acusados en este caso. Para sustentar este análisis, adjunto un Anexo que contiene copias de la totalidad de cada documento citado, y una traducción de las partes relevantes a este caso en particular.
1) Los hechos del 17 de marzo de 1982
En primer lugar, los documentos desclasificados permiten corroborar varios elementos del caso que han sido reportado por otras fuentes, como por ejemplo:
- la breve detención el 11 de marzo de Koos Koster en la Policía de Hacienda[3];
- la versión oficial de la circunstancias de su muerte[4],
- el cuestionamiento de esa versión de parte del gobierno neerlandés[5];
- y las tensiones desatadas entre los gobiernos salvadoreño, estadounidense, y neerlandés[6], reflejadas en la prensa internacional[7].
Sin duda, el documento de mayor interés es el informe de la Embajada estadounidense en San Salvador, enviado a sus superiores en Washington, que no se hizo público en el momento. Este documento, SAN SA 02340, fue enviado muy de madrugada el 19 de marzo 1982 (de hecho, fue aún la noche del 18 en San Salvador)[8]; resume la investigación que hizo la Embajada estadounidense inmediatamente después de ser notificado de las muertes la mañana del 18 de marzo. Es importante porque en su contenido se distancia de una forma significativa de las declaraciones emitidas en público por oficiales estadounidenses; debe ser leído entero[9].
Para realizar la investigación, dos oficiales de la Embajada fueron al lugar de los hechos donde hicieron una “examinación de los cadáveres de los cuatro periodistas y los cuatro sospechosos de ser guerrilleros; revisión del equipo de cámara, y otras posesiones de los periodistas; revisión de tres armas supuestamente capturadas después del tiroteo; entrevistas con oficiales del Batallón Atonal y soldados involucrados en el combate; y una visita al sitio donde ocurrió el tiroteo,”[10] y dos oficiales investigaron las actividades de los periodistas en San Salvador. Concluyen que las muertes de los periodistas fueron causados por impactos de bala recibidas durante un cambio de fuego entre una patrulla del Batallón Atonal y los guerrilleros que les escoltaban a los periodistas — tal y como decían las autoridades salvadoreñas — pero que “La evidencia circunstancial sugiere la posibilidad de que los periodistas murieron en una emboscada, en vez de un encuentro no planificado.”[11]
Sobre esta linea, el informe resalta varias inconsistencias entre la información independientemente recopilada por sus autores y la versión de los hechos contados por los salvadoreños. Por ejemplo, los asesores norteamericanos asignados al cuartel de el Paraíso les contaron a los investigadores de la Embajada que el comportamiento que observaron de los soldados que regresaron de patrullar la noche anterior no parecía indicar que habían sido sorprendidos por fuego guerrillero. Según reza el informe, “expresaron júbilo por su éxito, refiriéndo a su misión como una ‘emboscada.’” También, el informe menciona que “uno de los asesores notó que los soldados estaban aproximadamente 3 km afuera del perímetro normal, en una área de sólido control guerrillero; también notó que era raro que una patrulla así estuviera afuera de noche.” También la descripción del tiroteo que ofrecieron los soldados – una descripción uniforme entre todos los entrevistados, inclusive el Sargento al mando de la patrulla – no cuadraba con la evidencia física que los norteamericanos encontraron en el lugar de los hechos. Los investigadores “no pudieron encontrar ninguna evidencia” de que los guerrilleros habían disparado tal y cómo reportaban los del Ejército: no encontraron ningún indicio del uso de granadas, y encontraron muy pocas casquillas de bala, en las colinas desde las cuales los soldados reportaron que los guerrilleros lanzaron fuego pesado. Ante esa observación los soldados parecen haber argumentado que los guerrilleros se habían detenido a recoger todas las casquillas, antes de retirarse del campo de batalla. Según reza el documento, “Los acontecimientos descritos no eran consistentes con la información recopilada en el lugar del encuentro.”[12]
A pesar de haberse registrado esas dudas sobre la versión oficial de los hechos, no hemos encontrado ningún documento desclasificado hasta la fecha que constate de otras indagaciones posteriores hechas por oficiales estadounidenses. Más bien, lo que hay después es una secuencia de muchos documentos donde consta que el gobierno estadounidense mantuvo una línea establecida por primera vez horas después de haber recibido el informe de investigación. El 19 de marzo, en la conferencia de prensa que tomó lugar al mediodía (hora de Washington), el vocero de la Casa Blanca dijo “Las investigaciones de nuestra Embajada no produjeron ninguna información que contradijese la versión del gobierno de El Salvador, que los cuatro periodistas holandeses fueron muertos en una batalla entre guerrillas y la Fuerza Armada salvadoreña cerca de El Paraíso la tarde del 17 de marzo.”[13] Es decir, la Casa Blanca tomó la decisión de adoptar la postura de “no contradecir” – lo cual, valga la observación, no es lo mismo que “apoyar” o “validar” — la versión del gobierno salvadoreño, y sostuvieron esa misma línea cuidadosamente formulada durante las semanas y meses posteriores.[14]
2) El contexto de los hechos: larga campaña de hostilidad a los medios independientes
El ataque a los cuatro periodistas neerlandeses no fue un evento aislado. Más bien, se debe entender como parte de un patrón reconocido de ataques – físicos y reputacionales – e intentos de intimidación hacía periodistas en El Salvador, que en el momento de marzo 1982 estaba alcanzando una intensidad máxima.
Después de las muertes de los cuatro periodistas holandeses, el Comité para Proteger a los Periodistas, escribió al Subsecretario de Estado norteamericano Eagleburger diciendo que la cifra de periodistas muertas en El Salvador en los últimos dos años ya ascendía a 26[15]. Algunos habían perdido la vida cubriendo combates, pero otros habían sido asesinados de forma intencional, ya sea por fuerzas del gobierno o de escuadrones de la muerte. Algunos de estos incidentes también se reflejan en los documentos desclasificados; por ejemplo, un telegrama de la Embajada en julio de 1979[16] lamenta el incendio provocado en el edificio de la Crónica, el único diario de oposición, después de amenazas recibidas por su director, José Napoleón González; el siguiente mes, otro telegrama nota que siguen las amenazas en su contra.[17] En septiembre 1980, otro telegrama lamenta un ataque con bomba a la estación de radio YSAX[18]. A finales de 1980, desapareció el periodista norteamericano John Sullivan, quien estaba en El Salvador haciendo un reportaje; su caso nunca fue esclarecido.[19]
Aunque cada una de esas muertes no esté contabilizada en documentos estadounidenses, el ambiente de terror que vivía la prensa en esa época sí lo es. Por ejemplo, un documento escrito por el Emb. Chapin el 4 de abril 1981 narra una serie de incidentes que incrementaron “la penumbra y el temor entre el cuerpo de periodistas hospedados en el Camino Real.” En uno de esos ejemplos, un equipo de periodistas de CBS fueron detenidos y amenazados por la Guardia Nacional, quienes le dijeron al asistente salvadoreño, “Qué hacés, mostrándole a la gente cosas como estas? Sos un salvadoreño, te podemos hacer desaparecer.” El cable también mencionó un reciente comunicado de COPREFA que anunció que iban a haber “medidas drásticas” si los periodistas seguían “distorsionando la imagen del gobierno salvadoreño.”[20]
El 6 de abril de 1981, la Embajada en San Salvador le mandó copia de un listado de muerte a la sede del Departamento de Estado en Washington, con una nota que lo identificaba como un “comunicado emitido por el Comité de Prensa de la Fuerza Armada identificando a 138 individuos como traidores.”[21] Aunque la copia del texto original incluido con el telegrama es bastante ilegible, la CIA hizo referencia a la lista en otro escrito unos días después. Titulado “El Salvador: Creciente Violencia y Terrorismo,” el documento de la CIA dice, “El Alto Mando… también acepta acciones que fomentan las actividades de la extrema derecha. Por ejemplo recientemente ha emitido una declaración oficial amenazando a periodistas cuya cobertura es desfavorable y publicó un listado de ‘traidores’ que incluye a varios progresistas civiles.”[22] Después de la controversia desatada por la publicación de la lista, la Fuerza Armada publicó un segundo comunicado insistiendo en la veracidad de las acusaciones vertidas en la primera[23].
Si estos documentos de 1981 ya describen un ambiente donde el gobierno salvadoreño, desde sus órganos de estado – COPREFA y el Alto Mando de la Fuerza Armada – ya endendía a la prensa independiente como fuerza enemiga, para inicios de 1982 esa enemistad declarada se tornó aún más acérrima, porque por primera vez al iniciar el año se vinculó la reputación internacional del gobierno de El Salvador con la posibilidad de seguir recibiendo asistencia norteamericana.[24] En ese contexto, la publicación por primera vez de la noticia de la masacre de El Mozote, en primera plana en los dos diarios más influyentes de Estados Unidos, coincidió con los debates sobre la primera certificación, desatando especulaciones de que los periodistas buscaban desbaratar la relación de Washington con San Salvador.
Por ejemplo, en un cable enviado al Secretario de Estado en Washington con fecha del 10 de marzo 1982, el Embajador Hinton escribe, “La embajada enfatiza que la historia de la tortura y el informe de el Mozote surgieron en enero poco antes de que el presidente certificara la continuación de la ayuda a El Salvador. Sin duda había algo de verdad en la historia de el Mozote, pero en nuestra opinión, no fue casualidad que el FDR y el FMLN llevaron a los corresponsales a la zona en ese preciso momento. Creemos que en parte ambas historias fueron esfuerzos calculados de propaganda de FDR y FMLN para socavar el proceso de certificación.”[25]
Dos días después, desde Washington, el Departamento de Estado les envió una comunicación a todas las embajadas estadounidenses en el mundo, donde hace referencia específica a la cobertura reciente sobre El Salvador en la prensa internacional. Menciona “el problema de la circulación de acusaciones de la izquierda, o independientes, hacía el gobierno salvadoreño alegando su participación en atrocidades, sin análisis objetivo o contra-argumentos. Han habido varios incidentes recientes que la prensa o distorsionó o ignoró, que vienen a la mente… El artículo falso del New York Times sobre la presencia de asesores norteamericanos en una sesión de tortura en la base de Ilopango ofrece un ejemplo a todas luces. Se complementa por el reporte sobre las muertes en El Mozote donde la versión guerrillera de los eventos no fue cuestionada por la prensa.” Se busca compartir este análisis con las demás embajadas para “ corregir el récord sobre las supuestas atrocidades y [dar] una orientación sobre la guerra propagandística que existe sobre El Salvador.”[26]
Y si en Washington se hablaba de “guerra propagandística,” en El Salvador se tomaba medidas. El 17 de marzo, un documento de la Embajada describe la publicación de una nueva lista de muerte circulada por un escuadrón de la muerte; el comunicado contiene los nombres de 35 periodistas, entre ellos el agregado de prensa de la misma Embajada, y denuncia: “Estos son los responsables de la mala fama de nuestra Fuerza Armada y los cómplices principales del comunismo.”[27] Aunque los nombres de los holandeses no aparecen en la lista, el hecho que su asesinato ocurrió en esos mismos días refleja un alto nivel de hostilidad a la prensa internacional de parte de la derecha en El Salvador. Esa hostilidad es expresada de forma explícita en este comunicado por un escuadrón de muerte, pero también en los comunicados de COPREFA y las actitudes tomadas por el Alto Mando salvadoreño.
En este contexto, es de notar que en una conversación entre el Emb. Hinton y el Ministro García el 6 de febrero 1982, entre otros temas salió mencionado un reciente incidente donde el Ejército les disparó a unos videoperiodistas norteamericanos, quienes afortunadamente salieron ilesos. El telegrama no entra en detalles sobre lo acontecido, pero el Embajador concluye, “Una vez más, los salvadoreños parecían no tener el control de sus tropas.”[28]
3) Responsabilidades individuales de los acusados
Aparte de constatar algunos hechos relacionados con la muerte de los periodistas, los documentos desclasificados estadounidenses pueden aportar información valiosa para tomarse en cuenta a la hora de evaluar la posible responsabilidad criminal de los individuos acusados en el caso: Francisco Morán, el Director de la Policía de Hacienda en el momento de los hechos; y Mario Adalberto Reyes Mena, el Comandante de la Cuarta Zona militar, y primero al mando de la Cuarta Brigada de Infantería, en ese entonces,[29] y José Guillermo García Merino, el Ministro de la Defensa.[30] A Francisco Morán se le sindica de haber brindado la inteligencia que permitió el operativo de emboscada; a Reyes Mena se le acusa de haber dado la orden a la patrulla a realizar la emboscada; y a Guillermo García se le acusa, bajo la doctrina de responsabilidad de mando, de haber sabido de la práctica sistemática de asesinatos políticos por tropas bajo su mando y no haber tomado acciones significativas para prevenir su repetición en este caso.
Para poder evaluar la evidencia que brindan los documentos estadounidenses respecto a cada uno de los acusados, es importante primero establecer cómo funcionaban las instituciones de inteligencia y la cadena de mando de la Fuerza Armada salvadoreña durante los primeros años de la guerra. Según documentos militares y de inteligencia de los EE.UU., el mando y control de la Fuerza Armada de El Salvador estaba centralizado bajo el Ministro de Defensa durante la permanencia en el puesto del General José Guillermo García. Los comandantes departamentales recibían órdenes directamente del Ministro de Defensa García, y reportaban directamente a él.[31], [32]
Habían excepciones a esta regla: en operativos de gran escala, el Estado Mayor, en vez de la comandancia departamental, coordinaba el operativo[33]. En esos casos se conformaban “fuerzas de tarea” de varios batallones, con un comandante escogido por el Estado Mayor, que no necesariamente sería el comandante del departamento en cuestión.[34]
Pero el operativo que causó la muerte de los holandeses no era de gran escala: era una patrulla de apenas 25 hombres. Y hay por lo menos dos documentos desclasificados estadounidenses que constan de que en el específico contexto de marzo 1982, la lógica era distinta. El primero, un documento de la Agencia de Inteligencia del Departamento de la Defensa estadounidense con fecha 4 de febrero de 1982, explica, “Aunque se habían planeado grandes operativos de ‘barrida’ en la zona cercana a Cerrón Grande y en Usulután, se informó que los planes se han pospuesto temporalmente debido a las audiencias del Congreso de Estados Unidos y al deseo de evitar la prensa negativa.”[35] Es decir: en ese preciso momento, los militares le daban mayor prioridad a minimizar la posibilidad de prensa negativa, que a lograr victorias en el campo de batalla.
El segundo documento, de la Embajada en San Salvador con fecha del 18 de marzo de 1982, el día después de los asesinatos de los periodistas holandeses, confirma: “Durante este periodo, para proveer la unidad de mando necesaria, los comandantes departamentales comandan todas las fuerzas militares y de seguridad pública en sus departamentos respectivos.”[36] De esto, podemos concluir que aunque los hombres de la patrulla que dio muerte a los holandeses eran del BIRI Atonal, habrán recibido la orden del comandante departamental Reyes Mena, quien respondía directamente al Ministro de Defensa, Guillermo García. Se supone que Reyes Mena habrá recibido información sobre la presencia de los periodistas de otra fuerza de seguridad, ya que las funciones de inteligencia eran muy descentralizada en ese entonces y se compartía información de manera informal; no sería sorprendente que Francisco Morán le haya pasado la información, ya que el hecho que detuvo y personalmente interrogó a Koos Koster días antes indica que lo tenía en la mira, pero los documentos desclasificados no aportan mayor evidencia del posible papel de Morán en el caso.
En cambio, los documentos aportan muchísima información sobre la posible responsabilidad de José Guillermo García bajo el principio de responsabilidad de mando. En el derecho penal internacional, este principio sostiene que los comandantes militares pueden ser considerados penalmente responsables por crímenes cometidos por sus subordinados si sabían o deberían haber sabido acerca de dichos crímenes y no tomaron acciones para prevenirlos.
En el caso de García, los crímenes cometidos por la Fuerza Armada porque era tema de discusión abierta en ese entonces, entonces sería difícil creer que no supo nunca de la existencia de abusos. Sin embargo, los documentos aportan una evidencia más directa de que supo, porque en ellos abunda la mención de conversaciones sostenidas entre funcionarios norteamericanos y García con la finalidad explícita de llamarle la atención por estos abusos. Mientras en público los oficiales salvadoreños y norteamericanos negaban o minimizaban la evidencia de masacres y otros abusos, los documentos desclasificados nos permiten ver que a puerta cerrada, muchas veces los oficiales norteamericanos enfrentaron a sus contrapartes salvadoreños para exigirles que bajaran los niveles de represión y advertirle que si no lo hiciera, peligraría la asistencia norteamericana.
Conversaciones con el Ministro García sobre abusos cometidos bajo su mando
Desde agosto de 1980 a febrero de 1982, están documentadas por lo menos 19 conversaciones privadas en las cuales una serie de funcionarios norteamericanos se le enfrentaron a García por abusos cometidos bajo su mando. En varias ocasiones fueron oficiales de mucho peso, como por ejemplo, el Comandante en Jefe de las fuerzas militares estadounidenses en toda América Latina, General Nutting, o el mismo Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Para los fines que aquí nos preocupan, lo más importante es conclusión de que, ante semejante serie de pláticas caracterizadas por sus participantes como “duras” y “francas,” no sería creíble que el General García argumentara no saber de abusos bajo su mando. Además, en algunas de las conversaciones los documentos constan de que García confesó saber de los abusos en cuestión.
En las siguientes páginas, comparto información detallada sobre estas 19 conversaciones – resumidas acá en una tabla – sobre abusos cometidos por tropas bajo el mando del Ministro García.
| Núm. | Fecha | Descripción | Abuso comentado | Documento fuente |
| 1 | 21 ago 1980 | Reunión presencial con Embajador White y grupo de asesores militares estadounidenses | violencia derechista contra civiles | 80 SAN SA 5810
(Anexo págs. 291-292 en español) |
| 2 | 27 nov 1980 | Conversación por teléfono con el Emb. White
|
Detencion/asesinato de lideres del FDR | 80 SAN SA 08282 (Anexo pág. 298 esp/299-300 ing) |
| 3 | 1 dic 1980 | Reunión presencial de dos horas y media con Emb. White; García acompañado por cuatro miembros de la JRG, Subministro de Defensa, Comandante de la Guardia Nacional, y el Jefe de Estado de la Fuerza Armada | Asesinatos de líderes FDR | 80 SAN SA 08332
(Anexo pág. 301-302 esp/303-305 ing) y 80 SAN SA 08421 (pág. 306-307 esp/308-316 ing) |
| 4 | 14 jul 1981 | Con Emb. Hinton en persona en San Salvador | Masacre de campesinos en Nueva Concepción | 81 SAN SA 05333 (pág. 317 esp/318-320 ing) |
| 5 | 3 sep 1981 | Secretario de Estado Alexander Haig le ordena al Embajador Deane Hinton de hablar con García | Asesinatos de religiosas norteamericanas y asesinatos en el Hotel Sheraton | 81 STATE 235627
(pág. 321 esp/322 ing) |
| 6 | 22 sep 1981 | En persona con el Embajador Walters, enviado de Washington a San Salvador | Asesinatos de religiosas norteamericanas y asesinatos en el Hotel Sheraton | Número illegible; ver “Visita del Emb. Walters” (pág.323 esp/324 ing) |
| 7 | 22 oct 1981 | Con Emb. Hinton en San Salvador | Ataque a civiles desde un helicóptero en Usulután | 81 SAN SA 08010
(pág. 325 esp/326 ing) |
| 8-12 | Semana del 3 al 10 de nov. 1981 | Conversaciones, en persona, en Washington DC, con:
-Secretario de Estado EEUU y su equipo -Senador Percy del Congreso EEUU -Representante Oakar del Congreso EEUU -Bill Doherty de AIFLD |
Asesinatos de religiosas norteamericanas y asesinatos en el Hotel Sheraton | 81 STATE 304300 (pág. 327 esp/328-330 ing) |
| 13 | 9 nov 1981 | Secretario de Defensa EEUU y su equipo | Asesinatos de religiosas norteamericanas y asesinatos en el Hotel Sheraton | 81 STATE 304287
(pág. 331-332 esp/333-335 ing) |
| 14 | 30 ene 1982 | Con Emb. Hinton en persona en San Salvador | Masacre de El Mozote | SAN SA 00796
(pág. 336 esp/337 ing) |
| 15 | 02 feb 1982 | Con Emb. Hinton en persona en San Salvador | Masacres de El Mozote y San Antonio Abad | 82 SAN SA 00825
(pág 338-339 esp/340-344 ing) |
| 16 | 02 feb 1982 | Secretario de Estado Haig le comanda al Emb. Hinton a decirle a García que “no es bienvenido en Estados Unidos en este momento” | Masacres de El Mozote y San Antonio Abad | STATE 026587
(pág. 345 esp/346-347 ing) |
| 17 | 06 feb 1982 | Conversación de dos horas a solas con el Emb. Hinton en San Salvador | Masacres de El Mozote y San Antonio Abad (También menciona ataque a un equipo de periodistas norteamericanos) | STATE 034645
(pág. 232 esp/350-352 ing) |
| 18 | 17 feb 1982 | Con el Comandante en Jefe del Comando Sur de los EEUU, Gen. Wallace Nutting, el segundo al mando de la Embajada DCM Bleakley, y el comandante del MILGP (grupo militar estadounidense en El Salvador), en persona | Masacres de El Mozote y San Antonio Abad | SAN SA 01345
(pág. 348-349 esp/350-352 ing) |
| 19 | 19 feb 1982 | Reunión de tres horas y media con tres Congresistas estadounidenses Harkin, Oberstar, y Coyne, en San Salvador | San Antonio Abad | SAN SA 01397
(pág. 353-354 esp/355-365 ing) |
A continuación, amplío unos detalles de cada discusión citada en la tabla. (Cada párrafo lleva el número de la conversación referida en la tabla.)
1. En agosto 1980, el gobierno estadounidense ofreció prestarle a la Fuerza Armada seis helicópteros sin cobrarle, y capacitar a sus pilotos salvadoreños, si el gobierno salvadoreño tomara medidas para frenar la violencia derechista. Este documento describe la reunión para plantear este plan de “incentivar” a la Junta Revolucionaria de Gobierno a cambiar, en la cual el Ministro de Defensa García se opuso a la idea de que los EE.UU. exigiera condiciones, describiéndolo como una ofensa a la dignidad de su país. El documento describe su reacción: “[García] afirmó que si bien los objetivos de derechos humanos en el documento de los Estados Unidos eran buenos, no se estaban tomando en cuenta las “idiosincrasias” salvadoreñas. (Por ‘idiosincrasia’ García quiere decir que todos los abusos de autoridad por parte de los militares se manejan en silencio y ‘en casa’). Estuvo de acuerdo en que ha habido abusos, pero no pensó que fuera una buena idea ‘proclamar’ el hecho. Parecía pensar que no tenía sentido hacerlo.”[37]
2. Después de recibir la noticia de la detención de los líderes del FDR, el entonces Embajador Robert White le llamó de inmediato a García, quien dijo que iba a hacer averiguaciones; unos 30 minutos más tarde, le devolvió la llamada para reportar que nadie de las fuerzas de seguridad había participado. “Le recalqué a García la urgente necesidad de localizar a esos hombres desaparecidos y garantizarle al mundo su seguridad,” relata el Emb. White en un telegrama, agregando al final su comentario: “No hay duda real de que miembros de las fuerzas de seguridad han arrestado a los líderes de FDR. Mi mejor suposición, basada en mi conversación con el Coronel García, es que él no tenía conocimiento previo de esta operación pero, por lo general, los militares actúan para protegerse a sí mismos y es posible que se esté produciendo un encubrimiento.”[38]
3. Aunque un escuadrón de la muerte se declaró responsable de los asesinatos de los líderes del FDR, muchos documentos sobre el caso señalan la convicción de que hubo involucramiento oficial, a pesar de la negación de García. Pocos días después, el Emb. White le avisó a sus superiores en Washington que el Presidente Duarte le había admitido, en privado, que las fuerzas de seguridad eran responsables de los seis asesinatos, y que iba a reunirse el siguiente día, el 1 de diciembre, con cuatro miembros de la JRG, el Ministro y Viceministro de Defensa salvadoreños, y el Comandante de la Guardia Nacional. La reunión tomó lugar el 1 de diciembre y se detalla en 80 SAN SA 08421, donde el Emb. White escribe “Le dije a García que durante décadas todas las dictaduras de América Latina habían insistido en que Estados Unidos se enfrentara al mismo dilema: apoyarnos con todos nuestros defectos o dejar que los comunistas ganaran. Agregué que, si los militares se identificaban con la represión de derecha, se aseguraría el fracaso del experimento salvadoreño. Subrayé ante todos los presentes que la violencia desenfrenada era responsable del desplome de la reputación internacional de El Salvador y, lamentablemente, la opinión generalizada de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad estaban implicados se sustentaba con demasiada frecuencia en pruebas convincentes difundidas aquí y en el extranjero. Dije al grupo que lamentaba tener que decir estas duras verdades, pero que era esencial que controlaran las fuerzas de seguridad y no permitieran que sus subordinados tomaran la ley en sus propias manos. Estos elementos al margen de la ley eran un cáncer que había que extirpar o acabaría destruyendo a las fuerzas armadas. Terminé recordando a García y al resto que, si bien compartía su evaluación de la amenaza cubana, tenía que rechazar su afirmación de que no nos habíamos preocupado por las violaciones de los derechos humanos en los países comunistas. Señalé que, si bien ambos coincidíamos plenamente en que la izquierda violenta de El Salvador era el enemigo final, Estados Unidos siempre había alentado a las fuerzas armadas salvadoreñas a enfrentarse a las guerrillas armadas con la fuerza, pero a eliminar las desapariciones, la tortura y el asesinato llevados a cabo por escuadrones de la muerte financiados y dirigidos por la extrema derecha.”[39]
4. Un cable del Departamento de Estado de fecha 14 de julio de 1981, por ejemplo, relata detalles de una conversación entre el Embajador Deane Hinton y el Ministro de Defensa García, donde Hinton le reclama “la masacre de 28 campesinos cerca de Nueva Concepción, masacre que le había colocado nuevamente a El Salvador en la portada del New York Times y el Washington Post. Le dije que me horrorizó, tanto el evento en sí como su posible impacto dañino para El Salvador.” Según el cable, García admitió la responsabilidad de la Fuerza Armada por el hecho, diciendo “Lo peor de todo es que es cierto.”[40]
5. Este cable, firmado por el Secretario de Estado Haig, titulado “Asesinatos de religiosas y del [Hotel] Sheraton,” son instrucciones explícitas al Embajador Hinton de hablar fuertemente con García: “Consideramos esencial que los sospechosos en ambos casos permanezcan detenidos mientras continúan las investigaciones, y usted debe seguir enfatizando este punto al Coronel García y a otros funcionarios del GOES en los términos más enérgicos posibles.”[41] No hay documento que conste de la conversación entre Hinton y García en respuesta a esta orden, pero es poco probable que Hinton haya desacatado estas instrucciones del Secretario de Estado; es más probable que cualquier memorándum de la conversación no ha sido desclasificado aún.
6. El gobierno de Reagan le mandó a General Vernon Walters en una misión a El Salvador; Walters era en ese entonces Embajador en General y llegó a tratar el tema de asesinatos políticos de estadounidenses. (En inglés el término es “Ambassador at Large”; se refiere a un Embajador no designado a representar al gobierno ante una determinada nación extranjera, sino dispuesto a viajar en misiones específicas a donde el Secretario de Estado le mande, para avanzar los intereses estadounidenses de alto nivel). Este telegrama escrito por el segundo al mando de la Embajada, DCM Bleakley, resume la visita así: “El Embajador Walters, acompañado por el Comandante Martiny y el DCM Bleakley, visitó al Ministro de Defensa García en el Estado Mayor el 22 de septiembre. El Embajador enumeró ante García las presiones sobre los EE.UU. para reducir la violencia contra los no combatientes en El Salvador y para continuar con las investigaciones de los asesinatos de ciudadanos estadounidenses. …García no dejó dudas de que percibía que el interés nacional salvadoreño estaba en juego en estas cuestiones.”[42]
7. Un telegrama de Hinton al Secretario de Estado Haig con fecha 22 de octubre 1981 menciona que el Embajador habló con el Ministro de Defensa García después de que unos oficiales estadounidense a bordo de un helicóptero piloteado por militares salvadoreños, reportaron haber visto cómo éstos abrieron fuego sobre civiles desarmados en el contexto del operativo de octubre en Usulután, en el cual se produjo la masacre de La Quesera. “He hablado directo, por separado, y sin pelos en la lengua con los Coroneles Gutiérrez y García sobre el incidente,” escribió el Emb. Hinton[43]. Después, en un cable del 7 de noviembre, el Embajador sugirió a sus contrapartes en Washington que hablaran sobre la necesidad de corregir esta falta de disciplina de fuego en sus reuniones presenciales con el Ministro García, quien en ese entonces viajaba a la capital estadounidense.
8-12. Después de una visita de una semana García a Washington DC, el Subsecretario de Estado William P. Clark envió este cable a la Embajada en San Salvador, resumiendo las pláticas sostenidas en Washington. “A García le presionaron duro en reuniones separadas con el Secretario de Estado, funcionarios del Departamento de Defensa, el Senador Percy, el Representante Oakar, otros miembros del Congreso y Bill Doherty para que diera mayor atención a las investigaciones de asesinatos de los asesores de la reforma agraria y de las mujeres religiosas, y a que tomar medidas más enérgicas contra la violencia oficial. No podemos juzgar el efecto que hayan tenido estas conversaciones para García. En general respondió con formulaciones que la embajada ha escuchado anteriormente,” escribió Clark.[44]
13. Este cable, también escrito por Subsecretario de Estado Clark, profundiza sobre las reuniones sostenidas en el Departamento de la Defensa el 9 de noviembre: “El tema de …excesos de las fuerzas de seguridad fue discutido con el Ministro de Defensa García y otros miembros de su partido en varias ocasiones durante su visita a Washington, tanto en el Departamento de Estado como en el de Defensa. El tema también surgió en conferencias de prensa y durante sus reuniones en el Capitolio. El Ministro, por lo tanto, es muy consciente de la sensibilidad de este asunto.“El Secretario Carlucci continuó con este punto diciendo que la administración Reagan deseaba seguir brindando tanta ayuda a El Salvador como fuera posible, pero como García ahora podía entender, el apoyo del Congreso es esencial. La opinión pública y del Congreso de los Estados Unidos se ha visto influenciada negativamente por los relatos de excesos cometidos por las fuerzas de seguridad. Carlucci agregó que la capacidad del Departamento de Defensa para generar apoyo del Congreso se vería facilitada si pudiéramos afirmar que tenemos la garantía personal del Ministro de Defensa de que se harán todos los esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias por parte de las Fuerzas Armadas para controlar estos excesos. 6. García respondió reiterando que entiende la gravedad y la preocupación, y aseguró al Subsecretario Carlucci que haría todo lo posible para controlar los excesos de las fuerzas de seguridad. 7. Comentario: Coincidimos con su opinión de que las palabras francas de un general estadounidense de alto rango pueden ser útiles para seguir presionando a los salvadoreños para que controlen estos excesos. Entendemos que el subsecretario de Defensa Carlucci cree que el teniente general Nutting podría cumplir bien este propósito mediante un acceso directo en el país al ministro de Defensa García y al ejército salvadoreño.”[45]
14. Este documento, enviado del Emb. Hinton en San Salvador a sus superiores en Washington, relata lo siguiente: “El Ministro de Defensa García se encuentra por salir a los Estados Unidos para asistir, entre otras cosas, a un desayuno de oración en el Congreso. En una charla del 30 de enero al margen de la cena discutimos: (a) la supuesta masacre de Morazán, (b) el ataque del Ejército a la casa donde vivía un estadounidense, (c) el ataque de CESPDES a los jesuitas, y (d) las últimas ideas sobre el caso del asesinato de las monjas. Le advertí a García que esté listo para responder a la historia de la masacre de Morazán. Respondió arrogante, como siempre: ‘Lo negaré y probaré que es una invención». Le deseé lo mejor y agregué que tendría que explicar los detalles proporcionados por los periodistas. Podría ser posible; estábamos investigando y agradeceríamos su ayuda. Pero debería tener en cuenta que algo había salido mal. Quién lo hizo, cuándo y en qué circunstancias era otra cosa… Le dije a García que “no me gustó la redada que se llevó a cabo la noche anterior en una casa donde vivía un americano”. Me respondió: “lo estamos estudiando”…Por si acaso, le sugerí a García que era hora de controlar a CESPDES, ya que su último ataque a los jesuitas fue totalmente irresponsable.”[46]
15. En este telegrama, Hinton informa de otra conversación en la cual otra vez le pidió a García una explicación sobre lo ocurrido en El Mozote; García dijo que las noticias eran “una novela, pura propaganda marxista sin fundamento,” pero Hinton le insistió que necesitaba información sobre quienes habían estado en el operativo. Hinton también mencionó la masacre de San Antonio Abad [donde informes internos de la Embajando concluyeron que la versión del gobierno salvadoreño no cuadraba]. Hinton le pidió “una vez más que exhortara a sus comandantes a ejercer mayor control sobre sus fuerzas.” En un comentario al final del telegrama, Hinton resumió las inconsistencias que había notado entre la explicación ofrecido por García y las demás evidencias.[47]
16. El contenido entero de este telegrama, enviado desde el Secretario de Estado en Washington al Embajador Hinton en San Salvador, es lo siguiente: “2. Debe transmitir al General Garcia que no es bienvenido, repito no es bienvenido, a visitar EE.UU. en este momento. Su presencia sólo puede agregar animosidad al debate que se ha visto alimentado por denuncias de masacres en Morazán, y más recientemente la noche del 30 y 31 de enero en San Antonio Abad. En momentos en que tratamos de convencer al Congreso de la urgencia de más asistencia militar para El Salvador tras el ataque a la base aérea de Ilopango, sería inconveniente que el Ministro de Defensa se vea en EE.UU. ausente de su puesto. 3. Puede compartir todo lo anterior al General Garcia. 4. (Si es necesario, pero solo si es necesario para convencerle a no viajar, dígale a Garcia que este mensaje viene del Secretario Haig.)”[48]
17. Este telegrama, escrito por el Emb. Hinton resumiendo una conversación privada con el Gen. García, dice lo siguiente: “Guillermo García, Ministro de Defensa y Seguridad Pública de El Salvador, puede tener pésima inteligencia sobre las operaciones guerrilleras, pero tenía un extraño presentimiento de nuestras preocupaciones. En un largo almuerzo en la residencia el 6 de febrero, inició hábilmente con un discurso claro sobre cómo él y sus fuerzas debían mejorar el control para evitar los excesos [de violencia], al mismo tiempo que promueven las elecciones sin involucrar al Ejército en la política partidaria. Después, durante dos horas hablamos a solas sobre éstos y otros temas relacionados. Él es el modelo de un general políticamente astuto, al menos en una conversación privada, con un don para adelantarse a mis líneas. Tal vez tenía una copia anticipada del guión, pero al menos yo no se la había dado. García asumió muchos compromisos en el curso de esta conversación (veremos cuántos de ellos y cómo se cumplen). A continuación se presenta un relato de la conversación, que fluyó hacia adelante y hacia atrás y está reorganizada en parte por tema: elecciones; perspectiva política; violencia y disciplina del ejército; D’Aubuisson y la “solución argentina”; opinión pública y Congreso; necesidad de pasar a la ofensiva; la guerra; inteligencia; ataque al equipo de televisión estadounidense; Servicio de Información de la Fuerza Armada (COPREFA); asistencia y prioridades 506(a); amenaza al personal estadounidense en el Sheraton; Nicaragua. Fin del resumen.…6. Violencia y disciplina del Ejército. En general, estuve de acuerdo con la opinión de García sobre la distorsión de los medios, pero en la discusión de los casos, insistí en la necesidad tanto de un buen producto para vender como de una mejor técnica de venta. La parte del buen producto de la ecuación significa no más masacres, no más San Antonio Abads. Agregué, para estar seguro, la necesidad de tomar medidas disciplinarias firmes, rápidas y públicas si, a pesar de todos los esfuerzos, se producían abusos. Estuvo de acuerdo con el primer punto, pero no parecía sentirse cómodo con la idea de una acción disciplinaria. Estuve de acuerdo en que había escasez de buenos oficiales y que la acción disciplinaria podía ser malinterpretada y resentida por otros, que atribuirían la disciplina al solo hecho de tratar de cumplir con su deber, que, en su opinión, era eliminar a los subversivos. Insinuó que San Antonio Abad podía haber sido una trampa, pero dijo que la Primera Brigada había reaccionado exageradamente. Mientras que la semana pasada había defendido la operación, esta vez reconoció que se habían cometido errores. Aun así, el mayor al mando era un oficial excepcional que era necesario. La investigación está en marcha y es demasiado pronto para que saque conclusiones. (No pasará gran cosa aquí, me imagino, pero tal vez, tal vez, tal vez. será en otra ocasión.)”[49]
18. En un resumen detallado de esta reunión, el Emb. Hinton relata que al principio y enfrente de todos, García sostuvo la misma línea que en conversaciones anteriores, que las historias de una masacre en San Antonio Abad eran pura propaganda. Pero luego el DCM Bleakley pidió hablar con García a solas y le hizo ver que esa visión simplemente no era creíble, provocando una confesión de parte de García. El documento dice, “2. El Ministro de Defensa García se reunió durante una hora el 17 de febrero con el General Nutting [Comandante en Jefe del Comando Sur de los EEUU] acompañado por el DCM [segunto al mando de la Embajada, Bleakley] y el comandante del MILGP [grupo de militares estadounidenses en El Salvador]. Si bien la discusión trató principalmente de asuntos militares, el general García también habló sobre supuestos excesos de las fuerzas armadas en los mismos términos que habían conducido a su explosivo enfrentamiento con el senador Leahy el 13 de febrero (como mencionamos en el telegrama anterior). Dijo que «Los informes sobre Mozote y San Antonio Abad no son más que una campaña de propaganda de izquierda. Por supuesto que hay tiroteos en los que mueren personas y los medios explotan estas escenas sangrientas fotografiando los cuerpos de los muertos en esos tiroteos». 3. Después de la reunión, el DCM pidió ver a García a solas. Explicó al Ministro de Defensa que acababa de venir de una reunión con los Congresistas Harkin y Oberstar, quienes dejaron bastante claro que en su reunión con el general García, programada para el 18 de febrero, tenían pensado preguntarle específicamente de el Mozote y San Antonio Abad. Con respecto a San Antonio Abad, el DCM señaló que la historia de COPREFA sobre un tiroteo entre dos fuerzas armadas simplemente no era creíble.
El pueblo estadounidense y estos Congresistas habían visto imágenes gráficas de cuerpos con heridas de bala en la cabeza y quemaduras de pólvora que indican una ejecución a quemarropa. Algunos de los cuerpos mostraban señales de tortura, muchos estaban en ropa interior y muchos tenían las manos atadas detrás de la espalda. Un funcionario de la Embajada había confirmado todo esto personalmente. Hubo muchos testigos que, si bien tal vez exageraron, contaron independientemente casi exactamente la misma historia a los periodistas y a nuestro funcionario sólo poco después del evento. 4. García respondió diciendo: «Tiene razón, la Fuerza Armadas es culpable. Lo he investigado y ahora no sé qué hacer al respecto. El oficial a cargo debe ser castigado, pero si lo entregamos para que sea juzgado, temo la reacción de las tropas y otros funcionarios. No podemos soportar la presión interna. Este es el mismo problema que enfrentamos una y otra vez. No sé qué hacer al respecto. He evitado hablar en público sobre San Antonio Abad, pero sé que el Sr. Enders y el Secretario Haig no pudieron evitarlo. Tuvieron que ir ante el Congreso americano e intentar defendernos cuando esto no es defensible. Entiendo por qué la oposición viene contra nosotros. Reconozco cuán grande es el peligro de que perdamos todo el asunto». (Es decir, la ayuda estadounidense).”[50]
19. En febrero de 1982, una delegación de Congresistas, encabezada por el Senador Tom Harkin, acompañado por los Representantes Jim Oberstar y James Coyne, visitó a El Salvador. Este documento, un telegrama redactado por el agregado de prensa de la Embajada, ofrece una transcripción de (parte de) una sesión de preguntas y respuestas con la prensa con los Congresistas. En sus comentarios, los Congresistas describen una reunión de tres horas y media con el General García donde le preguntaron firmemente sobre El Mozote y San Antonio Abad. Acusaron a García de negar los hechos y encubrir la masacre (a pesar de que SAN SA 01345 (Anexo pág. 348-349/350-352) documenta que García había – en privado – admitido, dos días antes, la culpabilidad de la Fuerza Armada por la masacre).[51]
El argumento central al cual que estos detalles de las 19 conversaciones datos aportan evidencia es que sería imposible que el General García no estuviera consciente de la frecuencia y gravedad de abusos cometidos bajo su mando después de haber tenido que responder, tan repetidamente y ante oficiales de los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos (inclusive, por ejemplo, después de haber sido informado por el Secretario de Estado estadounidense que no era bienvenido a visitar el país). De esto, podemos concluir que sabía de los abusos, y pasar a evaluar qué hizo para frenarlos.
Acciones tomadas por el General García para frenar los abusos arriba mencionados
Hay muchos ejemplos de promesas ofrecidas por García en esas mismas reuniones, pero poca evidencia de que después de la reunión haya dado seguimiento a lo prometido. Si vamos caso por caso a trazar las medidas tomadas después de los compromisos adquiridos a tomar acción concreta en los casos citados arriba, vemos que los resultados son muy pocos.
Asesinatos de los 6 lideres del FGR:
Dando seguimiento a las conversaciones sobre el asesinato a los líderes del FDR y la violencia derechista en general bajo la JRG, los resultados son mixtos. En un telegrama fechado 27 de noviembre 1980, el Emb. White reconoció ciertos avances, mencionando que el 15 de octubre de 1980 el gobierno salvadoreño emitió una declaración formal de su compromiso de controlar las violaciones de derechos humanos y que García ayudó a promulgar una política de buscar capturar vivos a los guerrilleros, en vez de ejecutarlos: “el Ministro de Defensa añadió una directiva al plan recientemente completado para proteger la cosecha, ordenando que se capture con vida a tantos guerrilleros como sea posible. Oficiales norteamericanos han estado presentes durante las reuniones informativas a los subordinados en las que el Ministro ha subrayado este punto.” Sin embargo, en el mismo comunicado detalla los compromisos no-cumplidos del Ministro (y del gobierno en general): “Se ha hecho poco en lo que respecta a la identificación de áreas problemáticas y la transferencia de personal y absolutamente nada se ha hecho en lo que respecta a un compromiso específico para actuar contra los responsables de la violencia derechista.”[52] El caso quedó impune.
Asesinatos de las 4 religiosas norteamericanas, y de los 2 norteamericanos en el Sheraton:
Lo mismo ocurre con el seguimiento efectuado a los compromisos adquiridos en reuniones sobre los asesinatos de las religiosas norteamericanas. En una carta, a la que responde el Emb. White en una carta sin número, pero con fecha 8 de diciembre 1980[53], García prometió investigar los asesinatos de las religiosas norteamericanas y llevarlos ante la justicia, cosa que sí se cumplió con el arresto de sospechosos en mayo 1981[54], pero el cumplimiento fue parcial porque los autores intelectuales nunca fueron investigados ni enjuiciados.
Lo mismo pasó con los asesinatos de los asesores Pearlman y Hammer en el Hotel Sheraton. Si bien dos autores materiales, ambos de la Guardia Nacional, fueron hallado culpables del crimen, ambos confesaron haber cometido el crimen bajo órdenes de sus superiores,[55] pero no hubo investigación de los oficiales de la Guardia Nacional envueltos. Hay muchos documentos estadounidenses que atestiguan la muy limitada colaboración militar con la investigación del crimen; para poner solo un ejemplo, en SAN SA 08721, por ejemplo, el Emb. White concluye que “Las fuerzas de seguridad ocultan información o muestran recuerdos muy vagos de los hechos. No prestan plena cooperación a la investigación.” Lo mismo se subraya en un cable del 16 enero 1981 donde concluye, “De hecho, las investigaciones dilatoriadas sobre las muertes de las cuatro religiosas y ahora de los asesores de la reforma agraria sugiren fuertemente que la Fuerza Armada Salvadoreña todavía no está dispuesta a ponerse dura con aquellos que cumplen las órdenes de asesinato…”[56]
Masacre de campesinos en Nueva Concepción:
No hay ningún documento que mencione investigación de los responsables, ni mucho menos acciones tomadas por llevar los responsables ante la justicia ni promulgar políticas reformadas que evitarían una repetición del delito, aunque en privado García haya reconocido que las acusaciones de abuso eran ciertas.
Ataque a civiles desde un helicóptero en Usulután:
No hay indicios de investigación ni sanción de los culpables, ni tampoco adopción de nuevas políticas.
Masacre de El Mozote:
Es el caso más infame de todos. No hay indicios de investigación ni sanción de los culpables, ni tampoco adopción de nuevas políticas para evitar su repetición, bajo la permanencia de García al frente del Ministerio de la Defensa. Es más, entre la correspondencia interna estadounidense muchas veces acusan a García de activamente estorbar los intentos de investigación. Por ejemplo, en un cable del 1 de febrero 1982, el Emb. Hinton comenta que las aseveraciones de García que no contaba con ninguna información sobre acciones militares en El Mozote le parecían “obstrucciones carentes de credibilidad…He tratado de advertirle que tiene que enfrentar el problema, pero me parece que cree que negar los hechos categóricamente es la manera de lidiar con el asunto.””[57] En otro cable a Washington, Hinton escribe, “Le advertí a García que esté listo para responder a la historia de la masacre de Morazán. Respondió arrogante, como siempre: ‘Lo negaré y probaré que es una invención.’”[58]
Masacre de San Antonio Abad:
En una conversación privada con el Emb. Hinton el 6 de febrero 1982, García dijo que el caso estaba bajo investigación. Aún así, Hinton presentía que no iba a llegar a nada: en el resumen de la conversación, escribió Hinton, “Mientras que la semana pasada había defendido la operación [en San Antonio Abad], esta vez reconoció que se habían cometido errores. Aun así, el mayor al mando era un oficial excepcional que era necesario. La investigación está en marcha y es demasiado pronto para que saque conclusiones. (No pasará gran cosa aquí, me imagino, pero tal vez, tal vez, tal vez. será en otra ocasión.)”[59] Esta es la única mención de la existencia de una investigación en los documentos desclasificados. No encontré ninguna mención de los resultados de dicha investigación. Más bien, aún después de haber admitido que se cometieron errores y mencionado la supuesta investigación, seguía diciéndole a otros oficiales estadounidenses, que las noticias de la masacre eran falsas, parte de “una campaña de propaganda izquierdista”[60]
Es posible que el Ministro García haya tomado medidas para frenar los abusos bajo su mando que no sean reflejados en los documentos desclasificados (o porque los oficiales norteamericanos no supieron de tales acciones en el momento, o porque los documentos donde salen mencionados siguen siendo secretos hoy día). Sin embargo, es poco probable que así sea, porque hubo mucho interés de parte del gobierno estadounidense en solicitar, recopilar, y divulgar información positiva sobre los esfuerzos de sus aliados salvadoreños por frenar la violencia. Es poco probable que García hubiera tomado medidas sin mencionarlos a los norteamericanos que consistentemente le preguntaban sobre ese tema; y es aún menos probable que, de contar con esa información, el gobierno norteamericano lo hubiera mantenido secreta.
Más bien, a lo largo de su permanencia como Ministro de Defensa, los documentos desclasificados pintan a García como alguien que entendía su misión principal como vencer a la izquierda a como diera lugar. En múltiples ocasiones lo citan comentando que no es deseable frenar los abusos del Ejército porque el intento de hacerlo sería el equivalente de entregar el país al comunismo. Por ejemplo, en diciembre 1980, la CIA reportó, “La mayoría de los oficiales militares se encontraron altamente satisfechos con el asesinato de los seis líderes del FDR. Estos oficiales creen que otros líderes y miembros del FDR deberían ser eliminados de forma similar, siempre que sea posible. Estos sentimientos fueron expresados por varios oficiales de nivel medio del Ejército el 28 de noviembre de 1980 en presencia del coronel José García Merino, Ministro de Defensa, y Nicolás Carranza, Subministro de Defensa, y tanto García como Carranza indicaron que apoyan esta línea de pensamiento. De los comentarios de todos los presentes durante esta conversación, quedó claro que García, Carranza, y los demás oficiales presentes aceptaron como un hecho que los militares eran responsables del asesinato de los seis líderes del FDR.”[61]
En 1982, la CIA concluyó, “Salvo en ciertos casos visibles y publicitados, García no ha utilizado su influencia para abordar la cuestión de los excesos cometidos por la extrema derecha en El Salvador. En este sentido, es representativo de la corriente principal del cuerpo de oficiales, cuya principal preocupación es la destrucción de la insurgencia. Acepta la cruda realidad de que algunas personas inocentes serán perjudicadas en el intento de alcanzar ese objetivo.”[62]
Conclusión
Desde la información aportada de la documentación desclasificada del gobierno estadounidense hasta el día de hoy, se puede concluir lo siguiente:
Sobre los hechos del 17 de marzo 1982
El único esfuerzo estadounidense por esclarecer las circunstancias de muerte de los cuatro periodistas neerlandeses fue la investigación hecha el día 18 de marzo de 1982. El informe de esa investigación fue escrito por John McKay, el entonces agregado de la defensa de la Embajada estadounidense en San Salvador, y mandado a Washington esa misma noche por el Embajador Hinton. La investigación concluyó que varios elementos de la versión oficial de los hechos ofrecido por el gobierno salvadoreño no cuadraban con la información que los investigadores habían recopilado el día después de los hechos. Sin embargo, pocas horas después de recibir el informe de madrugada el día 19, la Casa Blanca tomó la decisión de decir ante la prensa que el gobierno estadounidense “no había descubierto información que contradijera la versión oficial del gobierno de El Salvador,”[63] frase construida cuidadosamente en inglés y repetida hasta que el caso desapareciera de los titulares.
Sobre el contexto
Las muertes de los periodistas holandeses ocurrieron durante un período de ferviente hostilidad a la prensa independiente en El Salvador. Esto no sólo se ve reflejado en el número de asesinatos de periodistas o las declaraciones abiertas de la Fuerza Armada en contra de la prensa; también se refleja en el lenguaje usado entre funcionarios de ambos gobiernos (estadounidense y salvadoreño) para describir a la prensa como una amenaza a la imagen pública del gobierno salvadoreño. En esos momentos, la imagen pública del régimen salvadoreño era sumamente importante porque en EE.UU., recién se había introducido el requerimiento legal de que la asistencia militar a El Salvador dependía de un proceso previo de certificación ante el Congreso. En ese contexto, las noticia de la masacre de El Mozote, reportada hasta finales de enero 1982, había resultado sumamente inconveniente, tanto así que en febrero/marzo 1982, el gobierno estadounidense le dijo al Ministro García que no era bienvenido en el país, y que la misma Fuerza Armada tomó la decisión de limitar las ofensivas militares para no arriesgarse a recibir cobertura desfavorable durante las audiencias ante el Congreso norteamericano.
Sobre las responsabilidades individuales de los acusados en este caso
Los documentos desclasificados aportan poco acerca del involucramiento de Francisco Morán en este caso, aparte de ser él que inicialmente interrogó a Koos Koster el 11 de marzo, aunque hay abundante documentación estadounidense sobre su involucramiento en otros crímenes.
De Mario Adalberto Reyes Mena, los documentos ayudan a apreciar el papel que tenía como comandante de la cuarta zona militar, y el hecho que la patrulla que dio muerte a los periodistas habrá salido del cuartel bajo sus órdenes.
De José Guillermo García, los documentos establecen que como Ministro de Defensa en esa época, fue el último responsable de toda acción militar. Es más que evidente que él sabía de los abusos cometidos por sus subalternos; hasta lo reconocía a veces ante funcionarios norteamericanos. Sin embargo, fueron extremadamente pocas, tibias, e ineficaces las acciones que tomó para investigar los hechos, sancionar los culpables, y prevenir la repetición del delito.
Es lamentable que hayan pasado tantos años sin que la sociedad salvadoreña haya podido aproximarse a la verdad de lo que pasó en este caso, para así evaluar la responsabilidad histórica de estas personas y otras. Espero que este análisis aporte algo útil a ese proceso de esclarecimiento y democratización.
NOTAS
[1] El veredicto se anunció por primera vez el 3 de junio de 2025 y su texto se haría público un mes después.
[2] En los Estados Unidos se usa el término “agencia” o “departamento” para referirse a distintas secretarías del ramo ejecutivo del Estado.
[3] Ver el documento oficial firmado por Koster y Morán el 11 de marzo 1982 (página 2 del Anexo) y el memorándum interno de la Embajada estadounidense escrito ese mismo día sobre esa detención, que incluyen una conversación telefónica con el cónsul holandés y una visita en persona por dos oficiales de la Embajada al Hotel Alameda donde estaban hospedados los periodistas, donde los periodistas les dijeron a los oficiales que consideraban a su breve detención/interrogatorio “caso cerrado.” (Ver “Detención de periodistas,” por Tomchik, pág. 3 del Anexo versión traducida al español/págs. 4-5 en su original inglés).
[4] Es comunicada por primera vez al Embajador Hinton la mañana del 18 de marzo por el General Gutiérrez (ver telegrama SAN SA 02311 (ver pág. 6 del Anexo traducido al español/pág. 7-8 en su original inglés), y luego reafirmada en el comunicado de COPREFA ese mismo día (Ver STATE 76294, pag. 9-10 del Anexo traducido al español/pág 11-13 en inglés), y repetido en el informe diario de inteligencia de la CIA el 22 de marzo (ver pág. 14 del Anexo traducido al español/pág. 15-20 en su inglés original) y repetida por el Presidente Duarte ante la prensa (ver STATE 078127 (ver pág. 21-23 del Anexo para la versión en español/pág. 24-28 para la versión original en inglés) y en otro informe de inteligencia de la CIA sin número, con fecha 9 de abril 1982 (ver pág. 29-32 del Anexo en español/pág. 33-36 en inglés).
[5] HAGUE 2246 (pág. 37-38 en español/pág 39-42 en inglés); también ver el informe de la ONU E/CN.4/1983/20 (en pág. 43 hay un extracto traducido al español/págs. 44-96 son la versión completa)
[6] THE HA 02174 (Ver pág. 97 en español/pág. 98-99 en inglés), THE HA 02186 (pág. 100 en español/pág. 101-102 en inglés), STATE 075948 (pág.103 en español/pág. 104-105 en inglés), MOSCOW 3420 (pág, 106 en español/pág. 107 en inglés), THE HA 02300 (pág. 108 en español/pág. 109 en inglés) THE HA 02354 (pág. 111 en español/pág. 112-114 en inglés), SAN SA 02524 (pág. 115 en español/pág. 116 en inglés), THE HA 02434 (pág. 117-119 en español/pág 120-124 en inglés), THE HA 02697 (pág. 125 en español/pág. 120-124 en inglés), THE HA 03148 (pág. 128 en español/pág. 129-120 en inglés), STATE 148012 (pág. 131 en español/pág. 132 en inglés), SAN SA 04564 (pág. 133 en español/pág. 134 en inglés).
[7] THE HA 02176 (pág. 135-137 en español/pág. 138-139 en inglés), THE HA 02268 (pág. 140 en español/pág. 141-142 en inglés), STATE 078127 (pág. 143-145 en español/pág. 146-150 en inglés).
[8] El telegrama indica la hora al que fue enviado usando “Zulu time” o la hora en base al estándar de Greenwich, Inglaterra; en SAN SA 02340 la anotación es “0555Z” lo cual quiere decir las 5:50 de la madrugada en Greenwich, que hubiera sido las 00:55 hora de Washington durante esa etapa del año. Zulu time le llevan 5 horas de Washington durante la época del año cuando se observa Daylight Savings en EEUU, y 4 horas el resto del año; Daylight Savings comienza el segundo domingo de marzo, lo cual fue el 13 de marzo en 1982. La diferencia de hora entre San Salvador y Zulu time es de 6 horas, lo cual quiere decir que este documento fue enviado a las 23:55 hora de San Salvador, el día 18 de marzo.
[9] Puede encontrarlo en las páginas 151-153 (version traducida al español) y 154-156 (original en inglés) del Anexo.
[10] Ver SAN SA 02340 (páginas 151-153 traducido al español, o págs. 154-156 en su inglés original).
[11] Ver SAN SA 02340 (páginas 151-153 traducido al español, o págs. 154-156 en su inglés original).
[12] Ver SAN SA 02340 (ver páginas 151-153 del Anexo para leerlo traducido al español, o págs. 154-156 en su inglés original).
[13] Ver STATE 074013 (páginas 157-158 en español, o págs. 159-161 en inglés)
[14] Por ejemplo, el 7 de mayo 1982, SAN SA 03876 (pág. 162 en español/pág. 163-164 en inglés) relata que un periodista norteamericano que trabajaba para la cadena ABC reportó al segundo al mando de la Embajada que había conseguido copia de un video del FMLN donde sale entrevistado un supuesto testigo a la emboscada en el que cayeron los cuatro holandeses, quien afirma que fueron asesinados. Según el documento escrito por el Emb. Hinton, el DCM Bleakley le advirtió que no se dejara llevar por los relatos de un solo testigo meses después de los hechos, y que el gobierno estadounidense “no ha descubierto ninguna información que contradiga la versión oficial del gobierno de El Salvador,” usando otra vez la misma expresión.
[15] Ver Carta del Comité para Proteger a los Periodistas, pág. 165-166 en español/pág. 167-168 en inglés)
[16] Ver 79 SAN SA 05431: “La quema del diario opositor ‘La Crónica del pueblo’: en la tarde del 14 de julio se presentó un incendio en la planta ‘La Crónica.’ La Secretaría de Información de la oficina del Presidente Romero y otros periódicos condenaron el acto y el Embajador envió una carta de condolencias al editor de «La Crónica», el Dr. José Napoleón González. González había recibido amenazas anteriormente y en una carta publicada el 13 de julio en «La Crónica,» había negado que el periódico fuera «órgano» del Bloque Popular Revolucionario (BPR) de izquierda. «La Crónica» reapareció en una edición semanal más pequeña el 23 de julio con el Arzobispo Romero, entre otros, ofreciendo ayuda para ponerlo de nuevo a diario. La quema de «La Crónica» fue particularmente significativa ya que era el único periódico diario salvadoreño que tomaba anuncios e informaba noticias sobre grupos de oposición, así como informaba sobre reportes de violaciones de derechos humanos que normalmente no aparecen en otros periódicos conservadores de San Salvador.” (Ver pág. 169 del Anexo en español/págs. 170-179 en inglés)
[17] Ver 79 SAN SA 04662:”El 6 de junio, un artefacto explosivo con folletos explotó en el garaje de la casa de José Napoleón González, director de «La Crónica del Pueblo» y Secretario General de la Comisión Salvadoreña de Derechos Humanos. Los folletos amenazaron a González, quien también afirmó haber recibido otras amenazas (incluidas llamadas telefónicas).” (pág. 180 del Anexo en español/pág. 181-190 en inglés).
[18] Ver 80 SAN SA 06715 (pág. 191 traducido al español/pág. 192-194 en su versión original)
[19] Ver “El Salvador: Desempeño relevante a proceso de certificación,” sin número, 27 julio 1982 (pág.195 en español/196-203 en su original inglés).
[20] Ver SAN SA 02566 (pág. 204 en español/205-207 en inglés)
[21] Ver 81 SAN SA 0258 (pág. 208 en español/209-211 en inglés)
[22] Ver “El Salvador: Creciente Violencia y Terrorismo,” sin número (pág. 212 en español/213 en inglés)
[23] Ver 81 San Salvador 02536 (pág. 214 en español/215 en inglés)
[24] A finales de diciembre 1981, el Congreso estadounidense, reaccionando específicamente a las noticias repetidas de violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno salvadoreño, aprobó una nueva ley, la sección 728 del International Security and Development Cooperation Act, que requería al gobierno estadounidense a “certificar” el progreso de su homólogo salvadoreño cada 180 días. De no ser certificado, El Salvador no podría recibir financiamiento estadounidense.
[25] Ver SAN SA 02012 (pág. 216-217 en español/218-220 en inglés)
[26] STATE 066018 (pág. 221-222 en español/223-225 en inglés)
[27] SAN SA 02329 (pág. 226-227 en español/228-231 en inglés)
[28] Ver pág. 8 del documento, STATE 034645 (SAN SA 1039): “Incidente sobre TV estadounidense. García tomó la iniciativa de denunciar y lamentar el incidente en el que dispararon contra el equipo de televisión estadounidense, pero lo justificó en términos de las órdenes dadas a las tropas para que defendieran el puente ferroviario de Cuscatlán. Le conté la versión de los hechos del equipo de televisión. Estuvimos de acuerdo en que fue una suerte que nadie resultara herido. Señalé que, una vez más, los salvadoreños parecían no tener el control de sus tropas.” (pág. 232 en español/233-240 para ver el documento entero en inglés)
[29] Tal y como constata en su ficha biográfica del Depto de la Inteligencia de la Defensa estadounidense (ver Ficha biográfica Reyes Mena, pág. 241 en español/242-244 en inglés), Reyes Mena estuvo en ese puesto hasta noviembre de 1982 cuando fue transferido a la Segunda Brigada. Según describe la Army Intelligence Survey de septiembre 1982, “La Cuarta Zona Militar está compuesta por los departamentos de Chalatenango y Cabañas. La Cuarta Brigada de Infantería es el comando de zona y departamental de Chalatenango y tiene su sede en El Paraíso. Esta brigada cuenta con cinco compañías de fusileros y una sección de comunicaciones con un total de 800 efectivos. El Destacamento Militar con sede en Chalatenango patrulla ese departamento con la Cuarta Brigada de Infantería; sin embargo, se considera equivalente a un comando departamental.” (pp 36-38 of Army Intelligence Survey ATC-GI-2660-079-83 1 VOL III, September 1983)
[30] Ver la ficha biográfica de José Guillermo García Merino preparada por la Agencia Central de Inteligencia (pág. 245 en español/246 en inglés).
[31] Ver, por ejemplo, el análisis de la DIA en julio 1982: “Los comandantes departamentales… reportan directamente al Ministro de la Defensa. Los oficiales designados como uno de los 14 comandantes departamentales son los comandantes de campo más importantes y sus títulos adicionales como comandantes de brigada, destacamento militar o batallón no tienen sentido excepto como un mecanismo de contabilidad administrativa. Como los comandantes departamentales reportan directamente al Ministro de la Defensa y reciben órdenes de él, el Jefe de Estado Mayor y los organismos del Estado Mayor General bajo su mando, funcionan solo en funciones administrativas y de planificación para apoyar las decisiones del Ministro de la Defensa.” (Ver “Background Paper: El Salvador,” pág. 247 del Anexo para leer un extracto en español, o pág. 248-251 para consultar el documento entero en su original inglés.)
[32] De hecho, esta descentralización del mando les causaba mucha frustración a los asesores norteamericanos; hay mucha documentación estadounidense que consiste de discusiones de este problema y sus consecuencias para la guerra. Para citar solo dos ejemplos: en julio de 1982, un analista de inteligencia de la defensa comentó, “Los líderes militares y el Ministro de la Defensa han estado trabajando muy duro para poner a todos los elementos de la Fuerza Armada bajo control centralizado. Esto ha restringido severamente la autonomía tradicional de los comandantes departamentales. En el pasado, los comandantes departamentales tenían responsabilidad directa para todo asunto de seguridad en su departamento y todo dependía en buena medida de su juicio individual, porque recibían órdenes o directivas muy generales.” (ver “Background Paper: El Salvador” pág. 247 en español/ 248-251 en inglés). Un segundo ejemplo, de en un documento de agosto de 1982 escrito por el segundo al mando de la embajada, DCM Bleakley: “Una deficiencia importante se encuentra entre el Alto Mando y los seis Comandantes de Brigada. Los Comandantes de Brigada planifican y ejecutan operaciones a menudo sin que el Alto Mando las prevea. Este problema ha creado situaciones en las que el alto mando debe intentar ‘alcanzar’ las operaciones en términos de apoyo táctico, logística e inteligencia. La propensidad de los Comandantes de Brigada a tomar acciones unilaterales que en última instancia repercuten en otros lugares ha resultado en operaciones mal planificadas, ejecutadas y apoyadas, lo que ha contribuido directamente a un aumento de las bajas en combate y de la pérdida de equipo, y ha proporcionado a los insurgentes una ventaja psicológica y de propaganda.” (Ver SAN SA 06485, pág. 252 para leer un extracto traducido al español, o el documento entero en su inglés original en págs.253-276.)
[33] Según afirmó el Jefe del Estado Mayor, Cnel. Flores Lima, a la prensa el 17 de mayo del 1982, “Cada comandante regional tiene la autoridad para organizar y controlar su respectiva zona, y solo los operativos del gran escala son coordinados directamente por el Estado Mayor.” DIA, 21 de mayo de 1982, “Conferencia de Prensa, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.” (Ver pág. 277 del Anexo en español/278 en inglés.)
[34] El Plan Estratégico Nacional elaborado por el Gen. Woerner (estadounidense) lo describe este proceso así: “Debido al hecho que los batallones pocas veces podrían montar un operativo con más de una compañía, se organiza una fuerza de tarea, bajo la dirección del Estado Mayor, para llevar a cabo operativos de gran escala. Generalmente la fuerza de tarea se construye sobre la base de las unidades orgánicas del comandante responsable del área de operaciones. Estas unidades orgánicas se complementan, según la necesidad, con elementos de compañías de los Batallones de Reacción Inmediata o compañías de otros batallones en el país que están libres.” (p. 97)
[35] Ver DIA DIN 35-48 “Nota de Inteligencia de la DIA: Reporte de Situación en El Salvador” 4 febrero 1982 (Anexo pág. 279 en español/280-282 en inglés)
[36] Ver SAN SA 02327 (Anexo pág. 283 en español/284-290 en inglés).
[37] Ver SAN SA 5810 en el Anexo, págs. 291-292 en español o 293-297 en inglés.
[38] Ver SAN SA 08282 en el Anexo, pág. 298 en español o 299-300 en inglés.
[39] Ver SAN SA 08421, págs. 306-307 (en español) o 308-316 (en inglés) del Anexo.
[40] Ver SAN SA 05333, pág. 317 del Anexo en español o págs. 318-320 en inglés.
[41] Ver STATE 235627, pág. 321 del Anexo en españo, o pág. 322 en inglés.
[42] Ver “Visita del Emb. Walters,” pág. 323 (en español) ó 324 (en inglés) del Anexo.
[43] Ver SAN SA 08010, pág. 325 del Anexo en español, o pág. 326 en inglés.
[44] Ver STATE 304300, pág. 327 del Anexo en español, o pág. 328-330 en inglés.
[45] Ver STATE 304287, pág. 331-332/333-335 del Anexo.
[46] Ver SAN SA 00796, pág. 336/337 del Anexo.
[47] Ver SAN SA 00825, págs. 338-339/340-344 del Anexo.
[48] Ver STATE 026587, págs. 345/346-347 del Anexo.
[49] Ver STATE 034645, pág. 232/233-240 del Anexo.
[50] Ver SAN SA 01345, pág. 348-349/350-352 del Anexo
[51] Ver SAN SA 01397, págs. 353-354/355-356 del Anexo.
[52] Ver SAN SA 08281, págs. 366-367/368-373 del Anexo.
[53] Ver “Carta de White a García” (Anexo, pág. 374/375-376)
[54] Ver SAN SA 03525 (Anexo, pág. 377/378)
[55] Ver “Statement on AIFLD,” (Anexo, pág. 379/380-395)
[56] Ver 81 SAN SA 0340 (Anexo, pág. 396/397-400)
[57] Ver SAN SA 00797 (Anexo, pág. 401/402-403)
[58] Ver SAN SA 00796 (Anexo, pág. 336/337)
[59] Ver STATE 034645 (Anexo, pág. 232/233-240)
[60] Ver SAN SA 01345 (Anexo pág. 348-349/350-352)
[61] Ver “Satisfacción de Oficiales” (Anexo, pág. 404/406-406)