Sobreviviente de masacre cometida por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas presenta denuncia penal contra militar retirado, ahora diputado
Hoy a las 3 de la tarde en la ciudad de San Salvador, María Hernández, acompañada por representantes de organizaciones de víctimas y defensores de los derechos humanos, presentó una denuncia penal contra un ex funcionario militar por la muerte de cinco de sus familiares en una masacre cometida en 1981 por la Fuerza Armada Salvadoreña. La denuncia presentada por Hernández nombra al Coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez como responsable por la masacre de Santa Cruz en noviembre de 1981, un operativo militar de varios días en el departamento de Cabañas en el que el ejército y la fuerza área arrasaron aldeas enteras y mataron a civiles que huían.
Según informes de prensa en el momento, el operativo fue reportado por las autoridades de la Fuerza Armada como un gran éxito, tanto que el Coronel Ochoa Pérez invitó personalmente a periodistas salvadoreños y extranjeros a visitar la zona al finalizar la operación. Sin embargo, el testimonio de numerosos sobrevivientes, entre ellos el de la Sra. Hernández, describe un ataque brutal e indiscriminado contra la población civil, que dejó un saldo de más de 200 muertos.
La denuncia contra Ochoa Pérez sigue a una serie de actividades sin precedentes en pro de los derechos humanos en El Salvador. En marzo de 2013 los sobrevivientes presentaron denuncias penales en 43 casos de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. A principios de septiembre la Procuraduría General de la República de El Salvador anunció el inicio de investigaciones sobre atrocidades claves de la guerra, incluyendo la masacre de El Mozote. El 20 de septiembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema anunció su intención de decidir sobre la constitucionalidad de una Ley de Amnistía de larga data ha impedido al avance de juicios por crímenes del pasado.
«Gracias a la valentía de sobrevivientes como la Sra. Hernández, el sistema de justicia de El Salvador ahora tiene la oportunidad —y la obligación— de determinar e imputar responsabilidades por violaciones graves de los derechos humanos cometidas contra la población civil durante el conflicto armado,» dijo Angelina Snodgrass Godoy, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, quien estaba en San Salvador para la presentación de los cargos. «Es necesario un análisis serio del pasado para hacer frente a la herencia de violencia que sigue afectando la sociedad salvadoreña.»
En el transcurso del año pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington ha colaborado con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y la Fundación Internacional Baltasar Garzón en la investigación de crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra que devastó a El Salvador entre 1980 y 1992. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington está inaugurando “Oraciones Incompletas”, una campaña de apoyo a la justicia en El Salvador. Cuenta con un sitio web que ofrecerá materiales históricos, como documentos recientemente desclasificados del gobierno estadounidense relativos a la guerra civil salvadoreña, las últimas noticias sobre iniciativas salvadoreñas por la verdad y contra la impunidad, y lo que las personas en todo el mundo pueden hacer para apoyar a los sobrevivientes salvadoreños y a los defensores de los derechos humanos.