De 1980 a 1992, El Salvador fue devastado por una cruenta guerra civil cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. La guerra cobró la vida de al menos 75.000 personas civiles, muchas de ellas víctimas de las masacres de “tierra arrasada” que eliminaron del mapa a poblados enteros. Según el Informe de la Verdad de las Naciones Unidas, puede atribuirse más del 85% de estos crímenes a las fuerzas estatales salvadoreñas y a los escuadrones de la muerte que se alinearon con ellas. Sin embargo, y luego de varias décadas, todavía no se ha responsabilizado a ningún individuo en particular por impartir las órdenes que provocaron estas atrocidades. Un gran número de salvadoreños hoy continúa en la búsqueda de información sobre el paradero de sus seres queridos, intentando recuperar sus restos para darles digna sepultura, o luchando para poder honrar su memoria sin el miedo de sufrir represalias o recriminación.

Durante varios años, estos esfuerzos han sido ignorados repetidamente por las instituciones judiciales de El Salvador, en gran parte debido a una Ley de Amnistía que fue aprobada sólo cinco días después de la publicación del Informe de la Verdad. Esta ley, que permite bloquear cualquier intento por enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ha sido invocada por fiscales y jueces que se niegan a desafiar a aquellas fuerzas poderosas ubicadas a ambos lados del conflicto y que siguen optando por el olvido de sus crímenes.

Sin embargo, el espíritu del pueblo salvadoreño es indomable. Un mes antes de su asesinato, y presenciando alrededor suyo el exterminio de varias personas que impulsaban el cambio, el Arzobispo Romero declaró desde el púlpito: “[quiero] dejar constancia de que a la voz de la justicia nadie puede matarla”. Y tenía razón. Aunque la voz de Romero haya sido silenciada, como muchas otras voces que se alzaron en defensa de los derechos humanos, hoy es posible vislumbrar un cambio.

El 20 de marzo de 2013, un número de sobrevivientes sin precedente se acercó a la Fiscalía para presentar demandas judiciales por casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura. El 1 de septiembre de 2013 la Fiscalía General de la República anunció que abrirá investigaciones criminales sobre algunas masacres claves que ocurrieron durante el conflicto. Días después, el 20 de septiembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que busca declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

La tragedia que convulsionó a El Salvador fue también fomentada por fuerzas internacionales – y en particular por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aquí tampoco se ha asumido la responsabilidad que nos corresponde por el rol que tuvimos en este conflicto. No podremos aprender de nuestra historia hasta que no enfrentemos las consecuencias que éste provocó – hasta que entendamos sus consecuencias no sólo en términos de desarrollos políticos sino más bien en términos humanos, y actuemos para apoyar a los que defienden la justicia. Es hora, en este momento, para que entre todos contribuyamos a abordar los derechos humanos tras la huella de la tragedia humana.