Escrito por Maria Hoisington, traducción por Norma Kaminsky
Rochac Hernández et. al v. El Salvador
El 2 de abril de 2014 los abogados de la Asociación Pro-Búsqueda presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, los casos de cinco niños víctimas de desaparición forzada de mano de agentes del estado durante el conflicto armado en El Salvador. Pro-Búsqueda, que representa a las familias de los cinco niños, está procurando obtener reparaciones para las familias, así como una orden de la Corte que exija que el Estado salvadoreño asuma responsabilidad por las desapariciones forzadas de niños y se pronuncie acerca de la continua impunidad por estas violaciones de derechos humanos. Los casos, conocidos en su conjunto como el “Caso Rochac”, documentan las desapariciones de José Adrián Rochac, Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, quienes fueron sustraídos durante o inmediatamente después de operativos de contrainsurgencia llevados a cabo por los militares y grupos paramilitares salvadoreños entre 1980 y 1982.
En la audiencia, el hermano de Manuel Antonio Bonilla Osorio y la hermana de José Adrián Rochac dieron testimonio sobre las desapariciones de sus hermanos y sus esfuerzos por ubicarlos durante las últimas tres décadas. Asimismo, la psicóloga nicaragüense Marta Cabrera testificó como perita sobre los efectos psicológicos y el trauma sufrido generalmente por las familias de los niños desaparecidos en El Salvador. Representantes del gobierno salvadoreño reconocieron la responsabilidad del Estado por las desapariciones de los cinco niños y por no realizar una investigación minuciosa. Prometieron dar reparaciones a las familias de las víctimas, lo cual será ordenado por la Corte en la audiencia de sentencia que se llevará a cabo próximamente.
Antes de iniciar el proceso judicial a nivel internacional, Pro-Búsqueda presentó cada uno de los cinco casos individualmente al Estado salvadoreño mediante denuncias penales y denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Después de ver la ausencia de pasos concretos por parte del Estado para responder a las denuncias, Pro-Búsqueda juntó los casos y los presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003. En una audiencia ante la Comisión en 2009, el Estado salvadoreño reconoció que la desaparición forzada de niños era parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos realizados por el Estado durante los 12 años de conflicto armado, y prometió comenzar el proceso para resolver el caso.
En 2012, luego de que el Estado no hiciera avanzar la investigación del caso ni dar reparaciones a las familias de las víctimas, Pro-Búsqueda solicitó que la Comisión refiriera el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte aceptó el caso en 2013, y posteriormente le dio a Pro-Búsqueda acceso al Fondo de Asistencia Legal para Víctimas para cubrir los gastos de viaje de los familiares de las víctimas que darían testimonio ante la Corte.
Pro-Búsqueda y las desapariciones forzadas de niños durante el conflicto armado
La Asociación Pro-Búsqueda es una organización de derechos humanos dedicada a ubicar niños que sufrieron desaparición forzada durante el conflicto armado, dar apoyo a las víctimas y sus familias, y procurar justicia para las personas afectadas por el conflicto. Comenzó como obra del Padre Jon Cortina, un sacerdote jesuita, que acompañó a familias a buscar a sus hijos en el departamento de Chalatenango después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Pro-Búsqueda fue fundada en 1994 para registrar formalmente y de manera sistemática los casos de niños desaparecidos, y dedicarse a encontrarlos.
En 1993 el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de El Salvador, reconoció que las desapariciones forzadas de niños no eran casos aislados, sino una práctica sistemática realizada por los militares y grupos paramilitares salvadoreños. Esta práctica era parte de la estrategia más amplia de “tierra arrasada” que tenía el fin de destruir poblaciones civiles consideradas “bases de apoyo de la guerrilla”. Los niños eran sistemáticamente sustraídos de sus familias y traficados a nivel internacional, adoptados por miembros de las fuerzas militares salvadoreñas, o entregados a orfanatos.
Desde 1994 Pro-Búsqueda ha registrado 925 casos, de los cuales ha resuelto 386. Observan que el principal obstáculo a sus esfuerzos por ubicar a los niños desaparecidos es la falta de cooperación por parte del Estado salvadoreño para investigar y dar información sobre estos casos.
Afiche publicado por Pro-Búsqueda en 1995. «¿Dónde están? Más de trescientos niños y niñas desaparecidos. ‘Somos familiares de estos niños arrebatados en operativos militares. Nos hemos unido para buscarlos porque sabemos que están vivos.’ ¡Ayúdenos a encontrarlos!«
Los cinco casos
José Adrián Rochac tenía cinco años de edad cuando fue sustraído de su hogar en la municipalidad de San Martín durante un operativo militar cuyo fin era eliminar el apoyo civil de la guerrilla. Según el testimonio de María Juliana Rochac Hernández, la hermana de José, y de dos vecinos, el 12 de diciembre de 1980 soldados de la Fuerza Aérea de El Salvador y paramilitares llegaron a la comunidad y registraron todas las casas para detectar miembros de la guerrilla y presuntos simpatizantes. Cuando llegaron a la casa de José los soldados mataron a la madre y se llevaron a José. Los vecinos lo vieron por última vez entre un grupo de soldados caminando hacia los camiones militares.
Santos Ernesto Salinas tenía nueve años de edad cuando fue sustraído de su hogar en el departamento de San Vicente. Tal como informó el periódico salvadoreño Diario El Mundo entre el 16 y el 29 de octubre de 1981, soldados del Batallón Atlacatl y la Guardia Nacional iniciaron un operativo para capturar guerrilleros en el área, como respuesta a un ataque guerrillero que destruyó una torre de comunicaciones del gobierno en el río Lempa. El 25 de octubre de 1981 los militares entraron a la comunidad de Santos. Santos corrió a la casa de un vecino, a donde los soldados luego irrumpieron, y llevaron los adultos a orillas del río Lempa, donde los mataron. Los vecinos vieron que los soldados se llevaban a un niño cuya descripción coincide con la de Santos. El Estado salvadoreño reconoció estos hechos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de noviembre de 2009.
Emelinda Lorena Hernández, de un año de edad, desapareció el 11 de diciembre de 1981 durante un operativo de contrainsurgencia conocido como “Operación Rescate” en el departamento de Morazán. Según la Comisión de la Verdad de la ONU, el operativo, que duró casi dos semanas, fue llevado a cabo por el Batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada de Infantería, y el Centro de Entrenamiento de Comandos San Francisco Gotera, e incluyó una serie de matanzas en todo el departamento, incluyendo la masacre de aproximadamente 800 civiles en El Mozote. En este operativo, los soldados llegaban a una comunidad, sacaban a la gente de sus hogares, los dividían en grupos de hombres, mujeres y niños, y los ejecutaban de forma sistemática. El día de la desaparición de Emelinda, sus padres huyeron de su hogar y se escondieron en el monte. Llegaron a la casa de Marta Ramírez, dejaron a Emelinda allí, y volvieron a su escondite. Esa noche escucharon disparos y volvieron a la casa, donde encontraron muertos a Marta Ramírez y sus cuatro hijos. No había señales de Emelinda. Una vecina informó más tarde que vio una fila de soldados que cargaban varios niños pequeños en los hombros.
Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca fueron desaparecidos forzadamente el 22 de agosto de 1982 en el departamento de San Vicente. El hecho ocurrió durante el operativo militar llamado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, en el se que mató a más de 200 civiles. Según la Comisión Verdad, participaron en este operativo aproximadamente 6.000 soldados del Batallón Atlacatl y otras unidades de apoyo de infantería, artillería y fuerza aérea de la zona. Ese día, militares salvadoreños atacaron la comunidad, causando que los habitantes escaparan a los cerros. Los soldados los persiguieron, abrieron fuego y secuestraron a Manuel, de 10 años de edad, a Ricardo, de 13 años, y a una vecina llamada María Esperanza Alvarado. Los familiares de Manuel y Ricardo más tarde se enteraron de que una mujer y dos niños huérfanos capturados durante el operativo militar estaban detenidos en la base militar de Sensuntepeque.