Estos documentos, fechados en octubre y noviembre de 1981 y cuya desclasificación, en un caso, fue denegada anteriormente por razones de seguridad nacional, muestran que oficiales estadounidenses de alto rango tenían conocimiento detallado de la masacre de civiles no armados en los departamentos de Usulután y San Vicente. El análisis de los documentos recientemente facilitados junto con otros divulgados anteriormente da una idea más completa de la respuesta de los Estados Unidos a estas matanzas, incluyendo la infame masacre de La Quesera. Los documentos demuestran que:
- Oficiales estadounidenses fueron testigos presenciales de ataques a civiles desarmados por parte de un piloto de helicóptero salvadoreño; este hecho fue informado a los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos.
- El Embajador Deane Hinton y sus colegas reaccionaron con gran inquietud a las atrocidades reportadas; reprendieron severamente a sus contrapartes salvadoreñas e indicaron que si estos incidentes continuaban, se ponía en peligro el futuro apoyo de los Estados Unidos.
- Al mismo tiempo, Hinton tomó medidas para contrarrestar la manipulación de información sobre las atrocidades por parte de periodistas considerados simpatizantes de los rebeldes.
- A pesar de tener conocimiento de estos incidentes, continuaron los planes para financiar —a niveles sin precedentes— a la Fuerza Armada salvadoreña.
Aun 30 años más tarde, el conocimiento público de estos documentos es importante. Sobrevivientes y defensores de los derechos humanos siguen, al día de hoy, buscando a más de una docena de niños desaparecidos durante este operativo militar; algunos de estos niños fueron dados en adopción a familias extranjeras, y es posible que hayan crecido sin saber que sus familias biológicas todavía los buscan. Tener más datos sobre esta campaña militar podría ayudar en el proceso de recuperación.
Además, el hecho de que algunos de estos documentos habían sido retenidos antes por razones de seguridad nacional, pero se hacen públicos ahora, demuestra que ha llegado el momento de una mayor transparencia sobre la violencia en el pasado. Esperamos que la divulgación de esos documentos sea de ayuda en la búsqueda de la verdad, la justicia y las reparaciones por crímenes contra la humanidad cometidos en El Salvador.
El contexto
Para finales de 1981, la violencia por razones políticas que caracterizó la guerra civil en El Salvador estaba bien establecida; sin embargo entre octubre y diciembre el estado cambió radicalmente sus tácticas de contrainsurgencia. Para este momento de la guerra, estaban generalizadas —en zonas urbanas así como rurales— las brutales represalias por oponerse al régimen; tanto quienes estaban asociados con actividad guerrillera como quienes eran activos en formas pacíficas de organización se convirtieron en objetivos. Pero la mayoría de estos abusos habían sido cometidos por las fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte; hasta fines de 1981, fueron escasas las invasiones militares a gran escala y las grandes masacres resultantes.
Estos documentos revelan las reacciones a la primera de estas incursiones masivas, un operativo a fines de octubre en la región del Bajo Lempa de Usulután y San Vicente; este operativo fue encabezado, según informes, por unos 1200 soldados del batallón Atlacatl y una fuerza combinada de 1600 soldados adicionales provenientes de la 5ta Brigada de Infantería (San Vicente) y la 6ta Brigada de Infantería (Usulután).[1] Como respuesta a la destrucción de uno de los puentes más importantes del país por el FMLN el 15 de octubre de 1981, los militares iniciaron un asalto total a las áreas aledañas. El nombre del operativo —Operación Envolvente— se refiere a las tácticas empleadas: un cordón de tropas alrededor de una zona delimitada, dentro de la cual la población fue el objetivo durante numerosos días de bombardeos aéreos, fuego de mortero y ataques de tropas de infantería. La serie de matanzas se conoce como la masacre de La Quesera, ya que muchos huyeron a ese lugar; el número de muertos se calcula entre 350 y 500.[2] Las matanzas se acompañaron de la destrucción de cultivos, hogares y ganado; también se reportaron violaciones en masa. Socorro Jurídico Cristiano, la Oficina para derechos humanos del Arzobispado, reportó que durante la invasión, los soldados gritaban “Aquí vienen los pericos a hartarse la masa, porque ustedes…son los que les dan de comer a los guerrilleros. Ahora, los cuatro guerrilleros quedan se van a morir de hambre porque no van a tener quién les dé de comer.[3] Esto parece confirmar el temor de Amnistía Internacional de que, en una carta apenas unos meses antes al entonces Secretario de Estado Alexander Haig había advertido sobre la probabilidad de que la asistencia estadounidense sería utilizada para castigar a civiles “simplemente porque vivían en áreas de importancia estratégica donde se creía que había actividad guerrillera”.[4]
De hecho, este tipo de castigo colectivo de la población civil en áreas de actividad guerrillera conocida fue descrito por la Comisión de la Verdad para El Salvador como una parte integral de la estrategia estatal de “tierra arrasada”: “Todo comprueba que estas muertes se inscriben dentro de un patrón de conducta, de una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de las zonas de actividad de los guerrilleros, a fin de privar a éstos de esta fuente de abastecimientos y de información, así como de la posibilidad de ocultarse o disimularse entre ella’”.[5]
En noviembre, inmediatamente después de la sangrienta invasión de Usulután y San Vicente en octubre, los militares lanzaron un segundo operativo similar en el departamento norteño de Cabañas; aquí también se realizó una invasión masiva con acordonamiento que sometió a la población local a un asalto sostenido por varios días. En este contexto, el 14 de noviembre de 1981 decenas de civiles fueron muertos cuando trataban de escapar del cordón militar en Santa Cruz; esta masacre está documentada en el informe de 2015 de UWCHR, Sólo Dios con nosotros.
En diciembre el Batallón Atlacatl de nuevo encabezó la ahora infame marcha a Morazán, donde unos mil civiles aproximadamente murieron en un operativo de varios días de duración en El Mozote y pueblos aledaños; esta es la masacre considerada por muchos la más mortal de la historia moderna de las Américas. La masacre de El Mozote fue vigorosamente negada por oficiales estadounidenses[6]; sin embargo, la noticia de su precursor en Usulután fue creída por estos mismos individuos, quienes optaron por responder, a puerta cerrada, con una fuerte amonestación al mismo tiempo que canalizaban mayor apoyo al ejército que llevaba a cabo estas matanzas.
Lo que demuestran los documentos
En respuesta a la solicitud de UWCHR de información sobre el operativo de octubre en Usulután y San Vicente, el Departamento de Estado de los EE.UU. proporcionó seis documentos. De su análisis se desprenden varias observaciones.
En primer lugar, los documentos permiten ver cómo los oficiales estadounidenses seguían la trayectoria de actos de violencia, y qué cosas ignoraron mientras el país caía en una estado de terror. Los Documentos 1 y 3 son ejemplos de los boletines semanales elaborados por la Embajada de los Estados Unidos durante este período (con base en los medios de comunicación salvadoreños). El documento C05861539, (ver traducción) “Resumen semanal sobre violencia” del 10-16 de octubre, por ejemplo, reporta la destrucción del Puente de Oro por la guerrilla, entre otros incidentes violentos atribuidos principalmente a la izquierda. Esto no es sorprendente, ya que en ese momento los medios de comunicación salvadoreños estaban totalmente controlados por el gobierno; sin embargo, constituyen la única fuerte de información que la Embajada estadounidense toma en cuenta para escribir sus informes semanales. Los sesgos inherentes de este sistema son evidentes en el documento C05861533, (ver traducción) “Resumen semanal sobre violencia” del 24-30 de octubre. Aquí la Embajada informa que la violencia “volvió a los niveles relativamente más bajos del país en los últimos dos meses”, lo que sugiere una mejoría en los niveles de violencia aun cuando estaban ocurriendo las matanzas.
En segundo lugar, los documentos revelan una honda preocupación por la cobertura periodística de la violencia. Grupos de la sociedad civil y algunos medios de información internacionales se enteraron de las masacres de Usulután; el documento C05861538 (ver traducción) ofrece un ejemplo de su mención entre otros abusos reportados en un campo pagado en el periódico La Nación de Costa Rica, que la Embajada describió como “Propaganda negra contra los Estados Unidos”. Este texto se ofrece sin mayor comentario, probablemente porque la fuente es obviamente simpatizante del FMLN, por lo que no se considera fiable. Pero los Documentos 2, 5 y 6 demuestran la inquietud de la Embajada con respecto a la cobertura periodística de las declaraciones del Arzobispo Rivera y Damas sobre las matanzas de Usulután.
Según el documento C05861532 (ver traducción) el 4 de noviembre el Embajador Hinton informa que el 2 de noviembre la agencia de noticias UPI había publicado un artículo en español en el que acusaba a las fuerzas armadas de la muerte de inocentes en Usulután; las declaraciones se atribuyeron al Arzobispo Rivera y Damas, que contestó preguntas de los medios, incluyendo un periodista de la UPI, después de su homilía el 1º de noviembre en la Catedral Metropolitana. Después de leer la transcripción de los comentarios del Arzobispo, Hinton indica que aquél reconoció la muerte de los civiles, pero no señaló a los responsables; la cobertura de UPI, concluye, es una “distorsión” de lo que se dijo. El documento C05861531 (ver traducción) revela la respuesta de Hinton: el 9 de noviembre, le sugirió al Arzobispo que “la prensa internacional lo estaba explotando” para efectos de propaganda política, especialmente cuando contestaba de forma espontánea a las preguntas de los periodistas, en vez limitarse a homilías preparadas. “Le sugerí”, escribe Hinton, “que en el futuro debería no responder a preguntas de ese tipo”.
En tercer lugar, y tal vez la dimensión más interesante de estos documentos, es que revelan la discusión interna sobre informes fiables de muertes de numerosos civiles en Usulután. Esto se ve con mayor claridad cuando estos documentos recientemente facilitados se ponen en contexto con otros documentos ya desclasificados de la misma época. En su conjunto, esta documentación revela un conocimiento considerable por parte de oficiales de la Embajada —y una correspondiente preocupación— sobre la masacre.
Parte de esta información se refiere a un incidente ocurrido el 17 de octubre, en el que personal estadounidense estaba a bordo de un helicóptero cuyo piloto aparentemente disparó sobre civiles que huían del operativo. Según varias fuentes, cuando ocurrió este incidente dos mayores del US Army Corps of Engineers, un asesor militar estadounidense y un ingeniero de USAID eran transportados por un piloto salvadoreño para inspeccionar el daño del Puente de Oro.[7] Un telegrama previamente desclasificado del 22 de octubre de 1981 del Embajador Hinton al Secretario de Estado Haig reporta este incidente e indica que Hinton había hablado claramente con altos mandos militares salvadoreños sobre esta “flagrante falta de disciplina de fuego” y expresado su inquietud de que “acciones de este tipo ayudan a reclutar insurgentes”.
“De hecho, nuestros propios oficiales fueron testigos de un ataque con ametralladora desde un helicóptero sobre civiles aparentemente no armados”
– Embajador Hinton, 7 noviembre 1981
El 7 de noviembre Hinton le envía un cable a Haig para sugerir que los oficiales estadounidenses deberían hablar sobre el asunto de procedimientos de control de fuego en las próximas reuniones con el General José Guillermo García, en ese entonces Ministro de Defensa de El Salvador. El cable de Hinton indica que en el pasado no se habían reportado muchos de estos excesos, pero que información reciente sugiere una intensificación: “De hecho, nuestros propios oficiales fueron testigos de un ataque con ametralladora desde un helicóptero sobre civiles aparentemente no armados”. Hinton advierte que la “creación de zonas de libre fuego en El Salvador, o una conducta del ejército o de la fuerza aérea como si tales zonas existieran, tendrían graves consecuencias sobre nuestra cooperación y nuestros deseos de seguir proporcionando asistencia estadounidense”, y sugiere que es necesario tener una “conversación muy clara” con García durante su visita a Washington. Un documento fechado el 14 de noviembre del Departamento de Estado a la Embajada estadounidense en San Salvador informa que esta conversación ha tenido lugar con García, quien indicó que entendía.
No obstante, el documento C05861534 (ver traducción) recientemente desclasificado —y previamente retenido por razones de seguridad nacional— ofrece otra perspectiva de las crecientes preocupaciones de Hinton. Este documento reporta que el 9 de noviembre el Arzobispo Rivera y Damas les informó al Embajador Hinton y al Canciller salvadoreño Chávez Mena de las “brutales tácticas del ejército” durante el reciente operativo en Usulután, las cuales habían matado a “por lo menos 200 civiles no combatientes”, incluyendo a numerosas mujeres y niños. Al día siguiente, Hinton le pidió a Chávez Mena su opinión sobre las declaraciones del Arzobispo; Chávez aparentemente confirmó que sus propias fuentes le decían algo similar: “dos de sus guardaespaldas habían perdido hermanos que vivían en el área del operativo, que eran nada más que simples campesinos sin ningún interés en la política. … Hasta él y un oficial de la policía de Hacienda se sentían repelidos por el nivel de violencia. El [Canciller] reconoce el impacto en la opinión internacional de estos sucesos cuando se hacen públicos, como es el caso ya del operativo de Usulután”.
No hay ninguna evidencia de un intento de negar lo que sucedió, como ocurrió unos pocos meses después en respuesta a revelaciones públicas de la matanza de El Mozote. Por otro lado, tampoco hay evidencia de un intento de determinar responsabilidades ni iniciar ningún tipo de investigación. Es más, no se sugiere que esos informes —aparentemente considerados fiables— hayan disuadido a Hinton y otros oficiales estadounidenses de proseguir con su plan de apoyar la guerra salvadoreña. De hecho, un documento del Departamento de Estado del 6 de noviembre expresa la intención de seguir adelante con un préstamo de $25 millones para financiar la compra de rifles M-16, ametralladoras, lanzagranadas, munición y vehículos, incluyendo posiblemente helicópteros, para los militares salvadoreños. A pesar de la falta de pago del gobierno salvadoreño de un préstamo anterior, el presente apoyo debía ser dado bajo “los términos de pago más benévolos posibles”.
Importancia de estos documentos
La revelación de esta información es importante aunque llegue muchos años después de los hechos. En primer lugar, a pesar de que la información en estos cables es incompleta, los detalles que contienen complementan información existente y corroboran el testimonio dado por sobrevivientes de este operativo. El acceso a la información es un derecho humano básico y un paso necesario para asegurar el acceso a la verdad, la justica y las reparaciones en casos de crímenes contra la humanidad.
También es un paso esencial hacia la sanación de heridas. Tal como el grupo salvadoreño de derechos humanos, Asociación Pro-Búsqueda, ha documentado como parte de su enorme labor para reunir familias separadas por la violencia de la guerra, más de una docena de niños desaparecieron durante las matanzas de Usulután y San Vicente. Se sabe que algunos niños fueron dados en adopción a otras familias dentro y fuera de El Salvador. Unos pocos niños de La Quesera —adultos ahora— que fueron raptados durante la masacre han sido ubicados.[8] En otros casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Estado de El Salvador que busque exhaustivamente a los niños desaparecidos, que dé acceso público a los archivos que contienen información relevante al caso, así como otras formas de reparación.[9] No cumplir siquiera mínimamente con estos requisitos significaría que El Salvador está esquivando sus responsabilidades ante las leyes internacionales.
A principios de 2015, profesores y estudiantes de la Universidad de Washington se reunieron con personas cuyos hijos desaparecieron durante la masacre de La Quesera, y que siguen buscándolos hasta el día de hoy. Hacer pública la información sobre esta campaña militar podría facilitar que estas familias y otras en similares circunstancias conozcan la verdad de lo que sucedió y que —de ser posible— se reúnan con sus seres queridos por primera vez en tres décadas.
Familias salvadoreñas todavía buscan a niños y niñas desaparecidos durante la masacre de La Quesera
En segundo lugar, la revelación de estos documentos resalta la importancia de seguir intentando obtener acceso a información sobre derechos humanos, aun en casos en que previamente se hayan aducido razones de seguridad nacional para evitar la revelación. El Documento 5 es ilustrativo: en este caso, ante una petición previa de desclasificación, las autoridades federales estadounidenses elaboraron una declaración, conocida como un “Índice Vaughn”, que describe el contenido del Documento 5 y explica por qué es retenido. Entre las justificaciones dadas: “La revelación de los comentarios confidenciales del Embajador en el cuarto párrafo… podría permitir que elementos extranjeros hostiles a los objetivos de los EE.UU. creen fricción y malentendidos que podrían afectar negativamente la cooperación internacional entre los EE.UU. y El Salvador en cuestiones de interés común, lo que dañaría las relaciones exteriores de los EE.UU. y la seguridad nacional de los EE.UU.”.
Sin embargo, tantos años después del conflicto, el Departamento de Estado ha reconocido que este argumento ya no se sostiene. Hoy en día lo que más favorece los intereses de seguridad de ambos países es la revelación de información que pueda ayudar a establecer un verdadero estado de derecho en El Salvador. Durante la guerra, el Embajador Hinton observó correctamente que las atrocidades sin control ayudarían a “reclutar insurgentes”; de la misma manera, la impunidad sin obstáculos contribuye a la violencia actual. Los salvadoreños llegan al final de este año con índices de homicidio similares a los que había durante la guerra; la urgencia de reformar el inoperante sistema de justicia de El Salvador es más clara que nunca. Esto no puede ocurrir hasta que todos los crímenes (pasados y presentes) sean reconocidos e investigados —un proceso que requiere la cooperación sostenida de ambos gobiernos para proporcionar información sobre graves delitos.
DOCUMENTOS FACILITADOS A UWCHR
C05861539 (ver traducción)
Fecha: 22 de octubre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: Resumen semanal sobre violencia del 10-16 de octubre
Un cable que describe la violencia durante la semana del 10 al 16 de octubre informa sobre “la destrucción de uno de los puentes más importantes que une las zonas oriental y occidental de El Salvador”, y da los siguientes detalles: “el 12 de octubre, cerca de San Nicolás Lempa, Usulután, numerosos guerrilleros atacaron puestos de seguridad alrededor del Puente de Oro con la aparente intención de destruir su estructura. La reacción del gobierno causó un número indeterminado de víctimas”.
El cable informa de otros incidentes violentos de esa semana, que culmina con la destrucción del Puente de Oro por parte de fuerzas guerrilleras:
“El 14 de octubre, en Santa Ana se reportó un tiroteo entre tropas y guerrilleros; no se ha divulgado el número de víctimas.
El 14 de octubre, cerca del Puente de Oro, Usulután, terroristas ametrallaron un bus e hirieron a dos pasajeros…
El 15 de octubre en el departamento de Usulután, el Puente de Oro fue destruido por terrorista [sic]”.
C05861532 (ver traducción)
Fecha: 4 de noviembre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: Homilía del 1º de noviembre
Este cable informa sobre el sermón del 1º de noviembre de 1981 dado por el Arzobispo Rivera y Damas. Rivera y Damas dio buenas noticias, la liberación de un médico secuestrado, e hizo un llamado a la justicia para los prisioneros, con la esperanza de obtener información sobre los desaparecidos. También habló sobre la violencia política durante la semana, específicamente de una lista de muertos que apareció en Chalatanango, y amenazas a un campamento para desplazados, y exigió la investigación de estos hechos.
El cable señala que después de la misa el Arzobispo Rivera y Damas respondió una pregunta de un reportero sobre “informes de 132 muertos en una redada del ejército en el departamento de Usulután”, y preguntó “‘si tal vez más civiles están siendo muertos en operativos como este’”.
El cable indica que “el Arzobispo no acusó en ningún momento, ni en la homilía ni en la sesión con el reportero, al ejército salvadoreño de asesinar campesinos con la excusa de matar guerrilleros… tampoco hubo mención de tropas estadounidenses, y mucho menos de Boinas Verdes, ni por parte del reportero ni del Arzobispo”.
El cable explica que un artículo periodístico y un informe radial habían informado incorrectamente el contenido del sermón de Rivera y Damas, y que según la transcripción de la homilía, el Arzobispo nunca mencionó tropas estadounidenses ni acusó a “las fuerzas armadas de matar inocentes y luego contarlos como víctimas de la guerrilla”.
C05861533 (ver traducción)
Fecha: 4 de noviembre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: Resumen semanal sobre violencia del 24-30 de octubre
Un cable que resume la violencia durante la semana del 24 al 30 de octubre informa que la violencia “volvió a los niveles relativamente más bajos del país en los últimos dos meses. El número de asesinatos políticos reportados bajó de 103 la semana pasada a 71”. El cable resume y cuantifica varios actos de violencia, incluyendo varias acciones guerrilleras en el departamento de Usulután.
C05861538 (ver traducción)
Fecha: 6 de noviembre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: Propaganda negra contra los Estados Unidos: Genocidio, guerra biológica y química en El Salvador
Este cable reporta el texto de un aviso pagado en el periódico La Nación de Costa Rica el 5 de noviembre de 1981 por el “Comité costarricense de solidaridad con el pueblo salvadoreño”. El aviso denuncia “el genocidio del pueblo salvadoreño” y el uso de “tecnología criminal proporcionada por el gobierno de Ronald Reagan”. Específicamente, en aviso cita “operaciones de exterminio en el departamento de Usulután contra los pueblos de Jucuarán, El Jicaro, El Llano, Bolívar, La Montañita, Corozalito, y en el departamento de San Vicente en la zona del volcán Chinchotepec”. El aviso también cita el uso de armas, incluyendo bombas pesadas, fósforo blanco, agente naranja y “métodos de guerra biológica”.
C05861534 (ver traducción)
Fecha: 10 de noviembre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: Tácticas del Ejército salvadoreño
El Embajador Hinton reporta una conversación mantenida durante un almuerzo, en la cual el Arzobispo Rivera y Damas expresó “preocupación sobre las brutales tácticas durante un operativo reciente en U[s]ulután”, y reportó que habían “matado a por lo menos 200 civiles no combatientes” incluyendo “la matanza de seguidores del campamento —mujeres y niños”. Hinton comenta que Rivera y Damas “reconoce que eran parte o tenían relación con redes de apoyo de la guerrilla”, y que el Arzobispo había hablado con un soldado que volvía del operativo y que dijo ‘hemos limpiado la zona’ ”.
Hinton explica que le pidió al Ministro de Relaciones Exteriores Chávez Mena su opinión sobre la versión del Arzobispo Rivera y Damas. El Ministro de Relaciones Exteriores dijo que había oído evidencia por parte de dos de sus guardaespaldas que “habían perdido hermanos que vivían en el área del operativo, que eran nada más que simples campesinos sin ningún interés en la política”. Hinton señala que “las historias que esta persona le contó al Ministro de Relaciones Exteriores al volver eran ‘mala noticia’. Hasta él y un oficial de la Policía de Hacienda se sentían repelidos por el nivel de violencia”.
C05861531 (ver traducción)
Fecha: 10 de noviembre de 1981
Agencia: Departamento de Estado
Fuente: Solicitud de UW CHR bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA)
Título: La prensa y Rivera y Damas
El cable relata las recomendaciones que el Embajador estadounidense Deane Hinton le dio al Arzobispo Rivera y Damas sobre el impacto para los medios de comunicación y la propaganda política de sus declaraciones públicas acerca del conflicto. Hinton escribe que “le mencioné al Arzobispo Rivera y Damas que creo que la prensa internacional lo está explotando y que a su vez Radio La Habana y otras han exagerado sus comentarios para obtener mayor impacto propagandístico. Lo felicité por sus presentaciones equilibradas en sus homilías de los domingos, y agregué que la mayor parte del daño parecía provenir de sus respuestas no preparadas a las preguntas de los periodistas. Le sugería que en el futuro no contestara ese tipo de preguntas y le ofrecí documentos sobre lo que ocurrió en la explotación periodística de sus respuestas espontáneas. (Le he enviado los comentarios de Radio La Habana sobre la supuestas atrocidades del ejército en Usulután)”. Este cable se refiere a la homilía descrito en el Documento 2, y al almuerzo descrito en el Documento 5.
NOTAS
[1] Para informes que citan declaraciones oficiales sobre la participación de unidades específicas, ver “Intensa Lucha en Jucuarán”, El Mundo 20 de octubre de 1981: 28; “Se fortalecen puentes del Lempa”, El Diario de Hoy 28 de octubre de 1981: 24; “Salvador Commandos Launch Major Offensive,” Globe and Mail 29 de octubre de 1981.
[2] Según investigaciones preliminares, el Equipo Argentino de Antropología Forense creó una base de datos de unas 376 posibles víctimas; en 2004 recuperaron los restos de 39 personas, y en 2009, los de otras 14. Dadas las condiciones del terreno, en particular la cercanía del río Lempa (al cual, según testigos, se echaron cuerpos desde helicópteros durante la masacre), no sorprende que las exhumaciones produzcan apenas una fracción de todos los restos.
[3] “Boletín Urgente”, Socorro Jurídico del Arzobispado, noviembre de 1981, 4.
[4] Amnistía Internacional, «Letter to US Secretary Of State Alexander Haig on Possible Impact of United States Military Assistance to El Salvador on AI Concerns in that Country», El Salvador Packet, 11 de mayo de 1981.
[5] Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador, 1992-1993 (archivo de pruebas, tomo II, anexo 1 de la presentación del caso, folio 1208).
[6] Mark Danner, The Massacre at El Mozote, New York: Vintage Books, 1994.
[7] James Nelson Goodsell, “Guerrillas Push Central American countries into Military Cooperation,” Christian Science Monitor November 5, 1981; UPI “Salvador Commandos Launch Major Offensive,” The Globe and Mail, October 29, 1981, 15.
[8] Ver, por ejemplo, http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/mi-hijo-ha-vuelto-a-nacer.
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rochac Hernández y Otros vs. El Salvador, Sentencia de 14 de octubre 2014, ver: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_285_esp.pdf