Por Nelzon Rauda Zablah
El Faro, 4 de octubre de 2017
Me habéis golpeado azotando
la cruel mano en el rostro
(desnudo y casto
como una flor donde amanece
la primavera)
—Roque Dalton, El turno del ofendido
Foto de encabezado: Antonio Pereira, de 78 años de edad, es uno de los salvadoreños que testificó el 6 de octubre en la audiencia del juicio por la masacre de El Mozote. Antonio Pereira aseguró que en la mañana del 12 de diciembre de 1981, en el caserío Los Toriles, el Batallón Atlacatl asesinó a sus hijos: Mario de 10 años, y María, de 14; a su esposa, Natalia; a su madre de 85 años, Simeona; a sus hermanos, Juan Ángel y Bertolino, con sus respectivas familias; y a su sobrina Nelly. Foto: Fred Ramos / El Faro
Genaro Sánchez Díaz iba todos los días a la casa de su madre, Gregoria, pero aún no sabe por qué no fue el 11 de diciembre de 1981. “Quizá ya Dios”, busca explicárselo. Era viernes, el segundo día de la ‘Operación Rescate’ del Ejército salvadoreño. Aquel día, interrumpir su rutina le salvó la vida, y por eso Genaro Sánchez ha podido acudir, 36 años después, a otra audiciencia para ampliar su declaración en el caso 238-1990, conocido como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Sánchez era en aquel entonces un agricultor de 49 años, residente –al igual que hoy- en el cantón La Joya del municipio de Meanguera, Morazán. Dice que cuando los soldados llegaron, su nombre estaba en listas de búsqueda, los cuadernos del ejército que llevaban los nombres de los perseguidos. Sánchez culpa a “orejas”, informantes del gobierno que vivían o se infiltraban en las comunidades, de conocer detalles precisos sobre su ubicación y sus movimientos.
Además de él, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, este 28 de septiembre declara también una mujer de 68 años, que carga con una voz apenas perceptible, pero con un mensaje que nadie le podrá contestar. Sánchez y Chicas son parte de un grupo valiente de campesinos que en 1990, con la guerra viva y los militares aún entronizados, decidieron empezar un juicio por la masacre que arrasó con unas mil personas, en cuatro caseríos y dos cantones. Este juicio, en el que se utilizan las reglas del Código Penal de 1973, llama a Sánchez y a todos esos ancianos como ‘ofendidos’, un sinónimo para lo que hoy conocemos como ‘víctimas’. El juez de la causa, Jorge Guzmán, los llama ‘los ofendidos’. Ellos se sienten ofendidos. 36 años después siguen sintiéndose ofendidos.