La demanda se basa en la ley de libre acceso a la información, (FOIA, por sus siglas en inglés) y busca acceso a documentos estadounidenses que pudieran arrojar luces sobre crímenes contra la humanidad cometidos en el marco del conflicto en El Salvador.
En esta demanda, que se interpuso originalmente en diciembre de 2017, la Universidad de Washington busca la desclasificación de documentos estadounidenses relevantes a tres casos del conflicto armado: la Operación Rescate, en el marco del cual se cometieron las masacres de El Mozote y lugares aledaños en diciembre de 1981; el Operativo “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” de agosto de 1982, durante el cual ocurrieron las masacres de El Calabozo y la Conacastada; y el operativo conocido popularmente como “la Guinda de Mayo,” de mayo y junio 1982, durante el cual se reportaron varias ejecuciones y las desapariciones forzadas de docenas de niños.
La demanda busca documentos de dos sub-agencias del Departamento de la Defensa, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) y el Comando Sur de los Estados Unidos (conocido como SouthCom). Hasta la fecha, se ha obtenido la desclasificación de 41 documentos a raíz del litigio, el tercero interpuesto por la UWCHR ante agencias del gobierno federal estadounidense.
El 7 de junio 2019, la jueza federal Marsha Pechman emitió una orden que obligaba al Comando Sur a llevar a cabo búsquedas muy extensas de sus documentos de 1980 a 1982. Esta orden les dio al Departamento de la Defensa 30 días para recuperar los archivos físicos de bodegas de almacenamiento inactivas, la consulta a ex-empleados de la institución, y la producción de los formularios requeridos por ley que documentan el paradero actual de otros expedientes relevantes, entre otras cosas.
El 5 de julio, 2019, el Departamento de la Defensa respondió con unas descripciones de las búsquedas efectuadas. Su informe a la corte alega que a pesar de haber llevado tomado todos los pasos requeridos por la corte, no se arrojó ningún documento relevante a los casos bajo investigación. Sin embargo, ciertos elementos del informe contienen información que es demostrablemente falso. Por ejemplo, uno de los ex-empleados entrevistados declaró que durante su servicio de 1991 a 2005, no hubo ninguna reglamentación a nivel del Departamento sobre el manejo de documentación en el Comando Sur, pero una breve búsqueda en internet de políticas archivísticas del Departamento arroja toda una serie de directivos, con fechas de 1997, 2000, y 2003.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington mantiene la postura que dada la profundidad del involucramiento estadounidense en el conflicto armado salvadoreño, no es creíble que no exista mayor documentación. El reto es solo lograr la voluntad política para localizar y desclasificar los documentos.
De hecho, usando alguna información proveída en el informe recién presentado a la corte, los investigadores del UWCHR, localizaron este formulario SF-115, un documento suministrado por un archivista del estado a los Archivos Nacionales estadounidenses en 1993, que describe una colección de la dimensión de 90 pies cúbicos, que contiene documentos del CAJIT (Central American Joint Intelligence Team, o Equipo Conjunto de Inteligencia Centroamericana), la cual incluye “informes de interrogatorios hechos por el ejército salvadoreño” y “informes de atrocidades,” entre otros documentos potencialmente de gran valor para quienes investigan violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto. Esta colección también contiene bastantes documentos capturados del FMLN, por lo que podría arrojar luces sobre violaciones cometidos por ambos bandos durante el conflicto.
La Universidad de Washington ha pedido al Fiscal General Salvadoreño, Lic. Raúl Melara, a que se suma a nuestra petición a la Honorable Jueza Marsha Pechman a que obligue al Departamento de la Defensa a recuperar y desclasificar estos archivos que podrían ser de gran interés para fines de justicia.
