Desde 2009, los y las sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil en El Salvador se han reunido cada año para compartir sus historias y exigir justicia para los crímenes en contra de ellos y sus seres queridos. Este año, el Tribunal se celebró en la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, blanco de una brutal campaña de operativos de tierra arrasada por la Fuerza Armada salvadoreña durante la década de los 80, incluyendo la masacre de Santa Cruz, en la cual murieron unos 200 civiles.
Como resultado de la violencia, muchos pobladores se refugiaron en Honduras, donde experimentaron condiciones infrahumanas en los campos de refugiados, y persecución por los ejércitos de Honduras y El Salvador. Además de las historias de pobladores de Santa Marta, el Tribunal escuchó testimonios de violaciones a los derechos laborales, y la tortura y asesinato de sindicalistas.
Los y las sobrevivientes y testigos oraculares de los abusos en Santa Marta responsabilizaron unánimemente al coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, el entonces comandante del destacamento militar encargado de la región. Ahora diputado de la Asamblea Legislativa, Ochoa Pérez reaccionó al Tribunal en una entrevista el 27 de marzo, diciendo que estaba bajo órdenes de limpiar la zona de la guerrilla, y negando que habían ocurrido masacres.
Organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” y la Red de Comités de Víctimas de la Guerra, y presidido por un panel de juristas internacionales y defensores de derechos humanos, el VI Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa fue clausurado con una resolución que dictó una sentencia simbólica para cada uno de los testimonios, acompañado por una serie de recomendaciones hacía las autoridades nacionales e internacionales para exigir la justicia y reparaciones para los graves violaciones de derechos humanos en El Salvador.
Santa Marta, March 28, 2014
Santa Marta, 28 de marzo de 2014
Resolución del VI Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa de El Salvador
Estamos juntos otra vez y lo celebramos con alegría y esperanza.
El Tribunal se siente honrado de estar en Santa Marta, comunidad de lucha, solidaridad, memoria y ejemplo. Hemos sido recibidos con cariño y agradecemos que nos acojan y permitan compartir vuestras historias.
Hace mucho que queríamos llegar acá, porque sabíamos de su historia de resistencia, sufrimiento y su compromiso por la verdad y justicia.
El Tribunal vino en son de paz, aquella paz que se basa en la justicia profunda, que se hace cada vez más posible cuando cada uno abre el corazón compartiendo con el pueblo y en este espacio sus historias personales y colectivas de fuerza y lucha. Creemos que sí alcanzaremos esta paz y las historias aquí conocidas serán recordadas no sólo por sus heridas abiertas, sino también por el valor y protagonismo de este pueblo. Como dice el lema de este Tribunal, habremos así contribuido a sanar las heridas, propiciando la paz.
Agradecemos a todas las víctimas y comparecientes sus esfuerzos, que animados por un coraje ciudadano rememoran y viven eventos de la guerra, como también a todos los que aquí están y colaboran en el establecimiento de la verdad. Esperamos ser una ayuda en el proceso de recomposición de la memoria de Santa Marta y que éste haya sido un espacio de conexión entre las diferentes generaciones y, sobretodo, de reflexión y restauración.
Muchos de los hechos oídos en este Tribunal ocurrieron en la década de 1980, es decir durante la guerra civil. En este período se aplicaba tanto la normativa de derechos humanos como la de derecho internacional humanitario. Las dos normativas protegen a la población civil, pero el Estado Salvadoreño se empeñó en violarlas, afectando principalmente a su población civil, niños, mujeres, ancianos, gente desarmada, intentando justificar el obrar delictivo bajo el nombre de “operativos militares” y “daños colaterales”, cuando en realidad fueron crímenes de guerra, masacres y crímenes de lesa humanidad, cuyos principales responsables fueron los mandos militares.
Al presente, habiendo transcurrido más de 20 años de acaecidos los crímenes descritos ante este Tribunal, los mismos siguen en la impunidad. El Estado Salvadoreño no cumple con sus obligaciones, nacionales e internacionales, de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, tampoco con reparar integralmente a las víctimas de las graves violaciones perpetradas contra el pueblo de Santa Marta desde la década de 1980.
Sin embargo, este pueblo conoce y no desiste de luchar por sus derechos, eso es lo que vimos al recibir los testimonios recientes. Santa Marta es una comunidad heroica, cuyo liderazgo político para la construcción de una vida más justa continúa hasta hoy, cuando buscan su restauración y el fin de la impunidad.
Ante esto y la contundente evidencia recibida, el Tribunal insiste en que la decisión que tomamos sea considerada por las autoridades salvadoreñas en cumplimiento de sus deberes y deseamos que inspire a la Comunidad Internacional y a la sociedad civil en su obligación de analizar, entender y crear mecanismos para la superación de situaciones de graves violaciones de derechos humanos y sus nefastas consecuencias.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y los testimonios de MARÍA JUANA LAÍNEZ RODRÍGUEZ, ADELA ESCOBAR HERNÁNDEZ y LUIS HERNÁNDEZ, el Tribunal declara que el Estado Salvadoreño es responsable de las ejecuciones sumarias ocurridas en Los Planes y el Picacho, en el mes de junio de 1980, de CAYETANA HERNÁNDEZ, JOSEFA HERNÁNDEZ, JUANA HERNÁNDEZ, CATALINA HERNÁNDEZ, JUANA URBINA, PORFIRIO HERNÁNDEZ, MANUEL HERNÁNDEZ, LUIS HERNÁNDEZ, NEFTALÍ ALFARO y JOSÉ CABRERA, también del menor de aproximadamente 7 años de edad y del joven de 17 años que fue quemado vivo, referidos por los testimoniantes, quienes indicaron que en esa ocasión las víctimas fueron 22.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y los testimonios de MARÍA GUADALUPE ALFARO y FRANCISCO HERNÁNDEZ, el Tribunal declara que el Estado Salvadoreño es responsable por las ejecuciones sumarias, ocurridas el 18 de junio de 1980 en Santa Marta y alrededores, de ROSARIO ALVARENGA, su hijo no nacido, PASTOR PORTILLO, FRANCISCO HERNÁNDEZ, MANUEL LEIVA y JOAQUÍN HERNÁNDEZ y la tortura de MARÍA GUADALUPE ALFARO.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y los testimonios de MARÍA ORBELINA LÓPEZ, MERCEDEZ MÉNDEZ y PHILIPPE BOURGOIS, el Tribunal declara al Estado Salvadoreño responsable de la masacre de Santa Cruz, acaecida en el mes de noviembre de 1981, con un número indeterminado de víctimas inmediatas y mediatas, entre las que están los dos hijos de MARÍA ORBELINA y su hijo no nacido, de JOSÉ SECUNDINO LÓPEZ, FELICIANA HERNÁNDEZ, ISIDRA LÓPEZ, las graves lesiones provocadas a MERCEDEZ MÉNDEZ.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y el testimonio de CELIA DEL CARMEN MASÍN CHÁVEZ, el Tribunal declara al Estado Salvadoreño responsable de la tortura sufrida por Celia del Carmen y sus compañeros, en octubre del año 1987, y por los asesinados y heridos por la bomba que explotó en la sede de FENASTRAS, el 31 de octubre de 1989, donde murieron RICARDO CESTONI, ROSA SARAVIA DE ELÍAS, JULIA AGUIRRE, VICENTE MELGAR, JOSÉ MELÉNDEZ, LUIS VÁSQUEZ, FEBE VELÁSQUEZ, CARMEN HERNÁNDEZ y MARÍA ROSALES, las lesiones de Celia del Carmen y otras decenas de personas heridas y por la violación de los derechos de asociación y libertad sindical.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y el testimonio de FRANCISCO RIVAS GUEVARA, el Tribunal declara al Estado Salvadoreño responsable por la tortura que sufrió FRANCISCO RIVAS, en el mes de setiembre de 1981, en el municipio de Nejapa.
Habiendo conocido la respectiva denuncia y el testimonio de LUIS RIVAS, FRANCISCO LOPEZ y MARÍA REGINA GÁMEZ, el Tribunal declara a los Estados Salvadoreño y Hondureño responsables por las torturas a LUIS RIVAS, en el mes de noviembre de 1981 en La Virtud, y las torturas y asesinato de don GUADALUPE RIVAS, en julio de 1982, en Mesa Grande, todo ello en Honduras.
Por eso este Tribunal resuelve y se hace un deber EXIGIR
1. Que la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador agilice el proceso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
2. Que la Fiscalía General de la República de El Salvador, por ser delitos de carácter nacional e internacional, investigue inmediatamente todas y cada una de las denuncias ya presentadas y los casos expuesto ante el VI Tribunal, valiéndose de las pruebas presentadas y demás que se produzcan. En especial, que la Fiscalía investigue y haga efectiva la responsabilidad penal del Coronel Sigifredo Ochoa Pérez, entonces comandante del Destacamento Militar Número 2 de Sensuntepeque, contra quien se expusieron numerosas pruebas en este Tribunal y contra quien ya existe una denuncia criminal, de 8 de noviembre de 2013, efectuada por María Ester Hernández, con el patrocinio de IDHUCA.
3. Que el Estado Salvadoreño, con la colaboración de la ONU, forme una comisión investigadora que retome lo actuado por los acuerdos de paz y la Comisión de la Verdad, repatriando además sus archivos para que la sociedad salvadoreña pueda valerse de ellos, y que en un plazo razonable sea capaz de presentar al Órgano Judicial, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, las acciones legales necesarias para interrumpir el actual estado de impunidad de que gozan los victimarios en El Salvador.
4. Que el Gobierno escuche a la sociedad civil, en especial a las agrupaciones de víctimas, y revise el decreto “Programa de reparaciones a las víctimas del conflicto armado”, publicado en el Diario Oficial el 23 de octubre de 2013, para que se modifique e implemente las medidas legales para una reparación integral, de acuerdo con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluya medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y dignificación de las víctimas, garantizando la no repetición de estos hechos.
5. Que el Estado Salvadoreño, en particular la Dirección Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, este año inicie el registro de víctimas del conflicto armado, garantizando la inclusión de las víctimas directas e indirectas como las criaturas fallecidas dentro del vientre materno, los que murieron durante las guindas, por el hambre, enfermedades o como resultado de las heridas sufridas durante los ataques militares, con vistas a la reparación del daño físico, psíquico, material y moral sufrido por ellas; también por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida.
6. Que el Estado Salvadoreño cumpla todos los compromisos asumidos ante su pueblo y la comunidad internacional en materia de derechos humanos, destacando entre éstos la destrucción de los monumentos que dedican homenaje a violadores de derechos humanos, reemplazándolos por monumentos que reivindiquen la memoria de las víctimas del conflicto armado, también que se impida todo privilegio y honores a los victimarios.
7. Que sea investigado el papel de la prensa en cuanto al modo que presentó crímenes cometidos contra la población civil por el Estado Salvadoreño y Hondureño como actividades contra la guerrilla, sobre todo respecto de los operativos ocurridos en Santa Marta.
8. Que el Estado Salvadoreño, en especial sus Fuerzas Armadas, reconozca su responsabilidad por el empleo de medios y métodos de guerra que claramente violan la obligatoria distinción entre combatientes y población civil y, consecuentemente, resultasen en la consciente violación del derecho a la vida y a la integridad física de numerosos niños, mujeres, hombres y ancianos indefensos. Reconocido eso, que los victimarios pidan perdón públicamente.
9. Que el Estado Salvadoreño investigue la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en las violaciones de la libertad sindical durante el conflicto armado.
10. Que el Estado Salvadoreño incorpore en el currículum escolar a nivel nacional contenidos de índole histórico de lo acaecido durante el conflicto armado, sus causas y violaciones a los derechos humanos acaecidas.
11. Que el Estado Hondureño reconozca su responsabilidad durante la guerra en El Salvador y, sobre todo, investigue, juzgue y sancione a los responsables por la violación de los derechos de la población civil que buscó refugio en su territorio y promueva la reparación integral de aquellos que fueron víctimas.
12. Que los Estados Hondureño y Salvadoreño busquen e identifiquen los restos de los ciudadanos salvadoreños refugiados en Honduras y los repatrien a El Salvador, para su digna sepultura.
13. Que los fallos y recomendaciones de este Tribunal, plasmadas en sus sentencias anteriores, todas relativas a la justicia y reparación, sean acatadas por el Estado Salvadoreño e instituciones allí mencionadas.
Las y los integrantes del VI Tribunal, agradecemos y felicitamos los esfuerzos de la Red de Comités de Víctimas de la Guerra, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (IDHUCA) por la organización anual del Tribunal desde el 2009 y, en particular, a todas las organizaciones y personas de la comunidad Santa Marta que participaron y contribuyeron para la realización del VI Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa en El Salvador.
José Maria Tomás Tío, Presidente
Magistrado, Presidente Fundación por la Justicia (España)
José Ramón Juániz Maya
Abogado de Seguridad Social y Derechos Humanos (España)
Sueli Bellato
Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia (Brasil)
Carol Proner
Abogada, Doctora en Derecho Internacional de Unibrasil (Brasil)
Belisaro dos Santos
Comisión Internacional de Juristas (Brasil)
Paula Sofía Cuellar
Historia y derechos humanos, Universidad de Minnesota; Licenciada en derecho, UCA; Maestria en derechos humanos, UNES (El Salvador)
Angelina Snodgrass Godoy
Directora, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (Estados Unidos)